Asamblea Legislativa acudirá a la Corte Centroamericana de Justicia

Recurrir a la competencia de la Corte Centroamericana de Justicia, para que resuelva el conflicto entre el Órgano Judicial y el Órgano Legislativo del Estado de El Salvador, por sentencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, en las que resolvió declarar inconstitucionales las elecciones de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, realizadas por la Asamblea Legislativa en los años 2006 y 2012, es la acción que aprobó esta noche la Asamblea Legislativa.

Según los argumentos que sustentaron el Dictamen presentado por la Comisión Política ante el Pleno Legislativo y que fue aprobado con 50 votos a favor, “la situación generada por la emisión de las sentencias de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, declarando inconstitucionales elecciones de Magistrados de la referida Corte, realizadas por esta Asamblea, en los años 2006 y 2012, e identificadas como inconstitucionalidades 19-2012 y 23-2012, constituyen verdaderas injerencias del Órgano Judicial en las atribuciones que constitucionalmente le corresponden, en forma privativa, a esta Asamblea Legislativa, lo cual atenta contra el orden institucional democrático”.

Además se establece que las referidas actuaciones de la Sala de lo Constitucional “ponen en peligro la democracia, la institucionalidad, el equilibrio, el balance y la división de poderes u órganos fundamentales del Estado, elementos esenciales de la democracia representativa, en detrimento de la Asamblea Legislativa de El Salvador” y se deja establecido que se están “violando así normas del Derecho Comunitario de la región centroamericana, del derecho positivo salvadoreño, así como los propósitos y principios de las Cartas Fundamentales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de los Estados Americanos (OEA)”.

La Asamblea Legislativa, en su postura también es contundente en reafirmar que “las mencionadas sentencias al no haber sido dictadas conforme a derecho, constituyen un verdadero conflicto entre Poderes u Órganos en el Estado de El Salvador, ya que, por una parte, el Órgano emisor de las sentencias exige su cumplimiento y la Asamblea Legislativa demanda el respeto a sus facultadas constitucionales y, en tal sentido, considera necesario agotar las instancias que provee la Constitución y los Tratados Internacionales, para resolver dicho conflicto”.

En tanto, la acción de recurrir a la Corte Centroamericana de Justicia, se hace apegada al artículo 22, literal “f”, del Convenio de Estatuto de dicho ente, donde se expresa que esta instancia de integración centroamericana tiene como competencia: “Conocer y resolver, a solicitud del agraviado, de conflictos que puedan surgir entre los Poderes u Órganos Fundamentales de los Estados, y cuando de hecho no se respeten los Fallos Judiciales”; y además es una acción válida, porque el Estado de El Salvador es parte del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), y ante ello está sometido a la jurisdicción de la Corte Centroamericana de Justicia, establecido en el Artículo 12 del Protocolo de Tegucigalpa, a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos y en el Artículo 1 del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, cuya jurisdicción y competencia son de carácter obligatorio para los Estados Miembros del SICA.

Durante la discusión del Dictamen en el seno del Pleno Legislativo, el Diputado Rodolfo Parker del Grupo Parlamentario PES, mantuvo que “esperamos que la Corte Centroamericana, conociéndose esos excesos, se conozca de invasión de competencias, en cuanto a que un Órgano que está dedicado, que está destinado a aplicar justicia pronta y cumplida, no está llamado a dictar leyes. El Órgano jurisdiccional, contralor de la constitucionalidad del país, no está llamado a modificar la Constitución de la República, mucho menos aquellas cláusulas constitucionales que ni siquiera la Asamblea Legislativa, dentro de sus atribuciones naturales puede modificar”.

“No estamos frente a un tema de desacato de una Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, simplemente estamos en un momento determinado del proceso. Estamos en el momento de preparar las condiciones para presentar una apelación, y será ahí donde haya sentencia definitiva, en ese momento estamos”, expresaba el Diputado Roberto Lorenzana, quién fijó la posición del Grupo Parlamentario del FMLN, respaldando con sus votos a la Asamblea Legislativa para acudir a la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ).

El Diputado Mario Tenorio, del Grupo Parlamentario GANA, advirtió que como Diputados han jurado defender la Constitución y ante ello mantuvo que no se pueden acatar fallos que atenten contra la Carta Magna, y fue crítico del trabajo de la Sala de lo Constitucional: “hay muchas otras situaciones, en las que ha habido un exceso de la Sala, ha habido exceso porque hasta legislan, cuando no es su facultad legislar. No podemos entonces nosotros, con una Sentencia de esa naturaleza, estar tratando de darle cumplimiento, y por eso es que tomamos la decisión de recurrir a la Corte Centroamericana de Justicia”.

La Diputada Margarita Escobar expresó: “queremos decirle al pueblo salvadoreño que el Grupo Parlamentario de Alianza Republicana Nacionalista no acompañará este Dictamen. No lo acompañaremos por razones de fondo y de forma, no lo acompañaremos por razones de inconveniencia para El Salvador, no lo acompañaremos por razones de imprudencia al no haber escogido primero el camino de la resolución política entre salvadoreños para dirimir este conflicto, y esta situación tan crítica para nuestro país”.

“Pienso que si le quisiéramos poner final a esto, deberían de acatarse las Sentencias, porque esto se podría postergar de una forma todavía más preocupante para el país”, expresó el Diputado Douglas Avilés, de CD, quien además mantuvo que “acudir a la Corte Centroamericana es un derecho legítimo que va a usar la Asamblea, pero para mí no adecuado, en la idea de terminar de una vez por todas con esto”.

“La Constitución es sagrada, si no la respetamos, aquí ya es el caos. Y ese juramento que lo hemos presentado en diferentes ocasiones, no es un formalismo sencillo. Ese juramento dice cumplir, y hacer cumplir la Constitución, ateniéndose a tu texto, y el texto es claro… pero aquí nos dejamos deslumbrar con Sentencias acordes a Derecho de otros Estados, que quieren imponerse en El Salvador; eso no lo dice la Constitución, y si se quiere tener esas modalidades introduzcan las propuestas de reformas a la Constitución, si es que se quiere actualizar alguna norma”, enfatizó el Diputado Francisco Merino, del Grupo Parlamentario de CN y Vicepresidente de este Parlamento.

En tanto, el Presidente Sigfrido Reyes, expresó que acudir a la Corte Centroamericana de Justicia “es el camino de la legalidad y del Estado de Derecho”, y mantuvo que también es el momento para buscar soluciones a la crisis institucional del Órgano Judicial: “Creo que a lo largo de estas deliberaciones y en las últimas semanas hemos podido constatar la grave crisis del Órgano Judicial, paralizado, desintegrado, conflictuado, y esta Asamblea no puede permanecer impasible, ante una situación que afecta directamente el derecho de los ciudadanos a tener justicia, porque el Órgano que por esencia debe impartir justicia, está en una situación de parálisis en sus distintas competencias, por eso es que es muy relevante, creo que es histórico que esta Asamblea pueda y se manifieste de esta manera, acudiendo a las instancias que nos da el derecho”.

El Decreto aprobado por el Pleno, autoriza a la Junta Directiva y a su Presidente, como Representante Legal, para que puedan realizar todas las “actuaciones legales y administrativas, que fueren necesarias en la solución del conflicto”.

Ivette Morales / Itzchel Ochoa