Asamblea Legislativa por unanimidad declara emergencia nacional por COVID-19 durante 30 días


La declaratoria implica suspensión de clases en el territorio nacional, centros de cuarentena dignos, medidas para evitar acaparamiento de productos y alza de sus precios, estabilidad laboral a quienes sean enviados a cuarentena, cobertura total del subsidio diario por incapacidad al trabajador aislado, limitación de circulación en lugares afectados o que se encuentren en riesgo epidémico, entre otras acciones.

Por: Mayra Escobar
Sábado 14 de marzo de 2020
Fotografía: René Rodríguez

La Asamblea Legislativa declaró, por 30 días, Estado de Emergencia Nacional, Estado de Calamidad Pública y Desastre Natural en todo el territorio de la República, en el marco de la pandemia por el virus COVID-19 -declarado así el 11 de marzo, por la Organización Mundial de la Salud- y ante el riesgo inminente de afectación para el país. La declaratoria no implica la suspensión de los derechos constitucionales de los salvadoreños.

La base legal de esta medida se sitúa en el artículo 24 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, el cual establece que el Legislativo “podrá declarar el Estado de Emergencia en parte o en todo el territorio nacional, mediante petición que al efecto le dirigirá el presidente de la República, cuando el riesgo o peligro provocado por un desastre para las personas, sus bienes, servicios públicos o ecosistemas lo ameriten”.

El estado de emergencia permitiría agilizar los mecanismos previstos en la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, así como demás leyes, convenios o contratos de cooperación o préstamo aplicables, para facilitar el abastecimiento adecuado de todos los insumos que fueren necesarios para hacer frente al COVID-19.

Entre las medidas inmediatas para atender la emergencia, se destaca que el Ministerio de Salud ejecutará todas las acciones oportunas para cumplir con el Plan de Prevención, Contención y Respuesta a la pandemia antes mencionada y prestar los servicios públicos indispensables para evitar su propagación entre los habitantes; por otro lado, se plantea que toda persona, cualquiera que sea su medio de transporte, deberá limitar su circulación en lugares afectados o que se encuentren en riesgo epidémico, a partir de los cordones sanitarios fijados.

Durante los treinta días de emergencia, se limitarán las concentraciones de personas, prohibiendo o suspendiendo toda clase de espectáculos públicos y cualquier clase de reuniones o eventos que represente un riesgo para la salud.

Centros de aislamientos deberán ser adecuados y con condiciones sanitarias

De acuerdo al decreto avalado por unanimidad, el Ministerio de Salud efectuará la evaluación médica sospechosa o confirmada como portadora del COVID-19, teniendo la atribución de indicarle cuarentena obligatoria conforme a las reglas sanitarias internacionales.

Además, los centros de cuarentena deberán contar con infraestructura, servicios y condiciones sanitarias adecuadas para garantizar la dignidad, salud física y mental de las personas sometidas a este aislamiento.

Garantizan estabilidad laboral a quienes sean enviados a cuarentena

Todo trabajador en cuarentena no deberá ser despedido y tampoco se le descontará de su salario. La garantía de establidad laboral comenzará, a partir del momento en que se emita y ordene la cuarentena correspondiente y se extenderá por tres meses después de concluir la misma, salvo que existan causas legales de terminación de esta, sin responsabilidad del patrono.

Según el decreto, las cuarentenas ordenas tendrán el mismo tratamiento que las incapacidades temporales por enfermedad común; por lo que el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) está obligado a cubrir la totalidad del subsidio diario por incapacidad al trabajador por cuarentena, durante el tiempo requerido para ella.

Suspenden clases y labores académicas, públicas y privadas

Al entrar en vigencia el decreto -y por 30 días-, se suspenden, en todo el sistema educativo nacional y privado, las clases y labores académicas. Todos los centros escolares y demás instituciones académicas deberán remunerar con salario ordinario a su personal, durante todo el plazo que comprenda la suspensión de labores.

Durante ese período, se habilita a la Administración Pública para paralizar las labores de los empleados de las instituciones del sector público y municipal, siempre que lo disponga el Consejo de Ministros para la suspensión, y siempre que, por la naturaleza del servicio que se presta en cada institución, se considere vital para brindar el auxilio y la ayuda necesaria para superar la emegencia. Los empleados públicos tendrán la remuneración ordinaria.  

Defensoría establecerá precios máximos para artículos que prevenga, traten, contengan y atiendan la pandemia

La Defensoría del Consumidor establecerá los precios máximos y mínimos para los artículos, bienes, suministros o servicios que tengan algún tipo de relación con la prevención, tratamiento, contención y atención de la pandemia, con el único propósito de prevenir el acaparamiento de los mismos. En ese sentido, esa instancia deberá implementar las acciones de vigilancia que sean necesarias y coordinará con demás entidades del Estado para cumplir la medida.

Finalmente, y a consecuencia de la declaratoria emitida, los diputados autorizaron al Ministerio de Hacienda para gestionar la obtención de recursos financieros de entidades u organismos multilaterales, cooperantes, amigos o agencias de cooperación, que se requieran. Cuando se trate de préstamos voluntarios, deberán ser avalados por la Asamblea, de conformidad al art. 148 de la Constitución de la República. 

Por otra parte, las transferencias entre asignaciones presupuestarias de instituciones del sector público no financiero -reformas a la Ley del Presupuesto, vigente-  que se realicen para atender las necesidades generadas por el estado de emergencia, serán conocidas con carácter de urgencia por los parlamentarios, para su aprobación.

La Asamblea Legislativa, cada quince días, deberá recibir un informe detallado de las medidas y acciones que establece el decreto avalado, el cual será remitido por el ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial. La Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil, en el mismo plazo, deberá informar sobre las distintas actividades realizas en el marco de la emergencia.