Emiten ley de restricción temporal de algunos derechos sin afectar la libertad de expresión y el derecho de asociación


La restricción temporal fue aprobada en el marco de la emergencia por la pandemia declarada sobre el coronavirus, conocido como COVID-19, y ante la necesidad de limitar algunos derechos constitucionales, a fin de evitar contagios.

Por: Mayra Escobar
Sábado 14 de marzo de 2020
Fotografía: René Rodríguez

Sin restringir la libertad de ingresar o salir del territorio a toda persona salvadoreña, diplomáticos y funcionarios consulares -quienes deberán cumplir las medidas sanitarias que dicten las autoridades de salud por el coronavirus-, y sin afectar la libertad de expresión, la libertad de difusión del pensamiento, el derecho de asociación, la inviolabilidad de la correspondencia, o la privacidad de las telecomunicaciones u otro derecho o libertad fundamental, el Pleno Legislativo emitió la Ley de Restricción Temporal de Derechos Constitucionales Concretos para Atender la Pandemia COVID-19.

Las medidas se toman en torno al derecho constitucional de la libertad de tránsito, al derecho a reunirse pacíficamente y sin armas para cualquier objeto lícito y el derecho a no ser obligado a cambiarse de domicilio.

El acuerdo en mención se logró con los votos a favor de 58 diputados, 25 en contra y una abstención. En este contexto, los parlamentarios se pronunciaron y argumentaron su decisión.

El diputado Ricardo Velásquez Parker (ARENA) recordó que la democracia en el país “es frágil y delicada. Con muchísimos cuidado, hemos tratado de hacerlos responsables si llegasen a abusar. Dentro de 15 días, tendrán que dar el reporte, y créanme que la prensa internacional, los partidos en oposición, las comunidades, Adescos, liderazgos y alcaldías, la prensa, las redes sociales serán los primeros en señalar cualquier abuso de estas facultades extraordinarias que se han otorgado este día”. 

La diputada Nidia Díaz (FMLN) argumentó que acompañaron el decreto de emergencia nacional por la pandemia COVID-19, por considerar que respondía a las necesidades, mecanismos y recursos para hacer frente a la pandemia por coronavirus; sin embargo, explicó la razón de la abstención: “Tal como lo advertimos, hemos votado en contra del régimen de excepciones que suspende libertades y derechos […] este decreto suspende garantías constitucionales y atenta contra las libertades que tanto le han costado a nuestro pueblo, ello genera una retroceso en términos de derechos y crea la posibilidad de que se vulneren derechos de forma injustificada, por eso lo vemos innecesario”.

Por su parte, el diputado Rodolfo Parker (PDC) precisó: “Este decreto no lo acompañamos por doctrina, por historia y por convicción. Se suspenden garantías para nuestra propia gente. Debemos tener claridad de dónde venimos como salvadoreños y lo que se ha sufrido para tener presente lo que significa la suspensión de garantías constitucionales. Los estados de excepción provocan alteración en el funcionamiento normal de las instituciones públicas y allí se concentran poderes en el Órgano Ejecutivo, y esos desequilibrios y concentración de podres las percibe el pueblo. Le tocamos una fibra no visible a la gente nuestra, cultura del miedo, pero no de la orientación”.

Para el diputado Leonardo Bonilla (No Partidario) se debe de tener total cuidado con la normativa avala, y detalló que si acompañó la decisión fue “por la integralidad y salud física del pueblo salvadoreño. Acá no se limitan garantías constitucionales generales, las que se pueden restringir van en función de darle herramientas al Gobierno para hacerle frente a la pandemia. Aquí no se habla de toque de queda, no se dice que a partir de cierta hora o día en particular no puede circular la población salvadoreña. A nadie se le podrá restringir la libertad de expresión”.

La disposición se da en el marco de la emergencia por la pandemia declarada sobre el coronavirus, conocido como COVID-19, y ante la necesidad de limitar algunos derechos constitucionales.

Solo zonas de riesgo tendrán restricción de tránsito

La limitante para transitar en zonas específicas  estará sujeta a la resolución fundamentada que orden el Ejecutivo a través del Ministerio de Salud, o a través de la publicación del decreto ejecutivo correspondiente. Esta suspensión podrá referirse solo al ingreso de extranjeros al país, así como su circulación en zonas consideradas de riesgo.

Libertad para realizar actos religiosos, culturales, económicos o deportivos con previa autorización

En atención a la prevención y propagación de la pandemia del COVID-19, las autoridades de salud podrán prohibir y ordenar el retorno a su domicilio o residencia, mediante resolución fundamentada, a las personas que se reúnan pacíficamente y sin armas, salvo que se trate de reuniones con fines religiosos, culturales, económicos o deportivos, las cuales deberán ser autorizadas por dichas autoridades de acuerdo a los protocolos sanitarios establecidos.

En este caso, los organizadores o responsables deberán dar aviso, para su autorización y la determinación de las medidas sanitarias que deberán adoptarse para evitar la propagación del coronavirus entre los asistentes al titular del Ministerio de Salud -o el funcionario delegado- con al menos 10 días hábiles de anticipación a la celebración del evento. De no hacerlo, las autoridades ordenarán la cancelación de las reuniones.

Las restricciones en mención podrán circunscribirse a un área específica del territorio nacional, se trate de una región, departamento o municipio, mediante decisión fundamentada que emita el Ministerio de Salud, cuando la adopción de un cordón sanitario especial sea requerida para la contención de la pandemia.

Según el decreto, la Policía Nacional Civil brindará toda la colaboración necesaria a las autoridades de salud y migratorias, para la ejecución de las medidas de su competencia en el marco del control de la pandemia por el COVID-19, con el propósito de evitar situaciones que pongan en peligro el bienestar de la población.