Cárcel hasta por 25 años al cometer el delito de desaparición forzada


La reforma se consigna en el artículo 364, el cual establece una pena de prisión de 15 a 25 años, para quien detuviere legal o ilegalmente a una persona, o de cualquier forma la privare de libertad; esta sanción sería aplicable cuando tal acción sea cometida por funcionarios, empleados o autoridad pública y se le inhabilitaría absolutamente del cargo o empleo respectivo por el mismo término.

Por: María Teresa Gutiérrez
Miércoles 20 de noviembre de 2019
Fotografía: Asamblea Legislativa

Para enfrentar el fenómeno social de la desaparición forzada, el Pleno Legislativo aprobó  el Dictamen Favorable Parcial No.33 -emitido por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales- que contiene reformas a los artículos 129, 364 y 365 del Código Penal, con los que se vendría a aumentar el castigo relativo a la desaparición forzada de personas.

Según el decreto, en el artículo 129 del Código en referencia, se establece como homicidio agravado el uso de cualquier artificio que dificulte el descubrimiento del hecho al destruir el cadáver de la víctima a través de medios como la incineración, desintegración o cualquier otra acción que dificulte el hallazgo de la víctima o su identificación.

También se consigna en el -Art. 364- una pena de prisión de 15 a 25 años, a quien detuviere legal o ilegalmente a una persona, o de cualquier forma la privare de libertad; esta sanción sería aplicable cuando tal acción sea cometida por funcionarios, empleados o autoridad pública y se le inhabilitaría absolutamente del cargo o empleo respectivo por el mismo término.

Igual pena se impondrá al particular -Art. 365- que desaparezca forzadamente a una persona, con órdenes, instrucciones, con el apoyo o consentimiento de funcionarios públicos, empleados públicos o municipales, agente de autoridad o autoridad pública.

De acuerdo a los parlamentarios, “la desaparición forzada de personas” es un flagelo a combatir; en ese sentido, el diputado Ricardo Velásquez Parker (ARENA) destacó: “Este es el segundo dictamen favorable parcial en torno a este delito y la discusión ha sido altamente técnica. Felicito a todos los que participaron de forma responsable como las Naciones Unidas, Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República y la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, quienes participaron en la construcción de este dictamen. Reiterar que el trabajo en equipo resuelve problemáticas que aquejan a la población salvadoreña”.

Seguidamente, el legislador Javier Valdez (FMLN), también reconoció el “trabajo de alto nivel técnico y político que llevamos en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales en este tema que tiene en promedio 8 desapariciones diarias y ocho denuncias, promediando cerca de 2000 en lo que va del año; por ello, comprometidos con el pueblo salvadoreño ya tenemos un delito creado. Con las reformas incorporamos agravantes al homicidio precedido de la desaparición forzada, e incorporamos literales para  hacer este delito un ilícito más grave, además aumentamos penas para que cuando sean cometidos con la intervención del Estado por medio de funcionarios y empleados públicos tengan altas penas en sus condenas de 15 a 25 años”.

Asimismo, el diputado Guillermo Gallegos (GANA) aseguró: “No hay tragedia más grande que la muerte de una persona honrada y honesta [...] a diario desaparece una gran cantidad de gente y en su mayoría han sido asesinadas sin poder ser encontradas ni dar con los responsables; no hay tragedia más grande que no tener certeza de saber a dónde está su pariente. Estamos haciendo un aporte importante al elevar la pena sobre este tipo de delitos enviando un mensaje directo para que no se siga desapareciendo personas”.

En la misma dirección el diputado Jorge Mazariego (PDC) explicó que con la modificación se le “cumple a la sociedad, estamos cumpliendo con estos vacíos legales en cuanto al desaparecimiento forzado que es la nueva modalidad de las estructuras criminales. Este es un aviso a los criminales que serán debidamente penalizados y sancionados por las leyes salvadoreñas”.

Por su parte, la legisladora Odilia Ayala (CD) expresó: “No podemos quedarnos sin dar nuestro apoyo a reformas que castigan el delito de desaparición forzada, estos hechos no pueden continuar dándose, es momento de decirle ¡basta ya! a este tipo de delitos. Debemos aumentar las penas para que se frenen estas acciones”.

Para concluir del diputado Jorge Juárez (No Partidario) agregó que en el 2018 “eran casi 10 personas que desaparecían por día, muchos de esos casos siguen en estudio o impunes. […] El aumento de la pena no resolverá el problema de personas desaparecida pero somos conscientes que estos índices han aumentado, y este es un compromiso que debemos adquirir para darle las herramientas suficientes a la Fiscalía General de la República. Vamos a seguir trabajando y fortaleciendo el Código Penal en beneficio del pueblo salvadoreño”.

El pasado 31 de octubre, el Pleno Legislativo aprobó modificaciones al Código Penal, en el artículo 148-A, y se estableció como delito la "Desaparición de Personas", para frenar este tipo de ilícito que ocasiona dolor y luto a miles de familias salvadoreñas; el acuerdo se dio luego de un extenso proceso de debate y consulta con los aplicadores de justicia, considerando los insumos técnicos proporcionados por la Sala de lo Penal, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Fiscalía General de la República (FGR) y Procuraduría General de la República (PGR).