Suspenden por 10 días más plazos administrativos y judiciales


La Asamblea Legislativa habilitó a la administración pública para que suspenda las labores de los empleados de las instituciones del sector público y municipal. No estarán obligados a presentarse los empleados que sean mayores de sesenta años de edad, o que padezcan de enfermedades crónicas como: diabetes, hipertensión, o enfermedades inmunodepresoras, mujeres embarazadas.

Por: María Teresa Guitérrez
Lunes 01 de junio de 2020
Fotografía: René Rodríguez

Con el propósito de dotar de certeza jurídica los procesos judiciales y administrativos, el Pleno Legislativo suspendió, este domingo, los términos y plazos procesales en los procedimientos administrativos y procesos judiciales, cualquiera que sea la materia y la instancia en la que se encuentren; la disposición tendrá una vigencia de diez días y vence el 10 de junio de este año.

Asimismo, se suspende el plazo y celebración de audiencias de la jurisdicción Penal común y Jurisdicciones Especializadas en materia penal; aplicándose también a las audiencias que se celebran en sede administrativa inclusive aquellas programadas por el Instituto de Acceso a la Información Pública.

Únicamente se excluyen de esta disposición, los plazos previstos por la Constitución de la República para la detención administrativa, el término de inquirir y consecuentemente, las audiencias derivadas de este último; así como lo relativo a las medidas de protección en materia de violencia intrafamiliar.

Entre las razones manejadas en el respectivo decreto es que la actual situación climática, generada por la tormenta Tropical Amanda ha provocado diversos daños en infraestructura física en viviendas, oficinas, escuelas, carreteras, calles, puentes, y otros, que requerirán para su rehabilitación contar con el tiempo adecuado en la medida que la situación climática  lo permita.

Como consecuencia, muchos servidores públicos se verían imposibilitados de asistir a sus lugares de trabajo, por lo que es procedente adoptar estas disposiciones legales que permitirán afrontar tal situación.

En ese sentido, el decreto aprobado en su artículo uno señala que tiene a la base el artículo 84 de las Disposiciones Generales del Presupuesto, y se habilita a la suspensión de labores de los empleados de las instituciones del sector público y municipal, siempre que por la naturaleza del servicio que se presta no se considere vital para brindar el auxilio y la ayuda necesaria para superar las consecuencia de la situación climática. Los empleados públicos tendrán la remuneración ordinaria correspondiente durante el tiempo que dure la suspensión.

No estarán obligados a presentarse los empleados que sean mayores de sesenta años de edad, o que padezcan de enfermedades crónicas como: diabetes, hipertensión, o enfermedades inmunodepresoras y mujeres embarazadas.

El pasado 14 de mayo, una normativa de este tipo fue emitida por los diputados, en ese momento se aprobaron Disposiciones Transitorias para la Ampliación de Plazos Judiciales y Administrativos en el marco de la Ley de Regulación para el Aislamiento, Cuarentena, Observación y Vigilancia por COVID -19. Las mismas estarían vigentes por 8 días e iniciaron el 17 de mayo.

Anterior a ello, estas medidas están contempladas en el Decreto Legislativo 593, de fecha 14 de marzo de 2020, y en el Decreto Legislativo Nº 599, de fecha 20 de marzo de 2020, mediante el cual se reformó el artículo 9, esos documentos establecían que la suspensión de plazos procesales vencería el 16 de mayo. 

 

Posteriormente, el 21 de mayo se emitieron Disposición Transitoria para la Ampliación de Plazos Judiciales y Administrativos en el marco de la Ley Especial Transitoria para la Atención Integral de la Salud y la Reanudación de Labores en el Marco de la Pandemia por COVID-19, con las cuales se suspendieron tales plazos del 25 de mayo hasta el 29 del mismo mes.