Podrían diferir pago de obligaciones civiles y mercantiles para personas afectadas por la pandemia de COVID-19


Los beneficiarios de la iniciativa de ley deberán documentar su afectación ante el acreedor, según sea solicitado por los sujetos obligados; y no serán sujetos beneficiarios aquellas personas naturales que continúen recibiendo el pago de su salario ni las personas naturales o jurídicas que no hayan sido afectados en el flujo de sus ingresos.

Por: María Teresa Gutiérrez
Martes 21 de julio de 2020
Fotografía: Cortesía

Ante la afectación económica de la que han sido víctimas las familias salvadoreñas y que ha impedido sus obligaciones contractuales, los legisladores de la Comisión de Economía analizan la aprobación de la Ley Transitoria para Diferir el Pago de Obligaciones Civiles y Mercantiles con Sujetos que no Forman parte del Sistema Financiero para Personas Afectadas por el Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por Covid-19.”

De acuerdo a la propuesta, esta tiene por objeto diferir el pago de obligaciones correspondientes a los meses marzo, abril y mayo del presente año, de forma que estas puedan ser canceladas en el período de doce meses máximo. Los beneficiarios deberán documentar su afectación ante el acreedor, según sea solicitado por los sujetos obligados y no serán sujetos beneficiarios aquellas personas naturales que continúen recibiendo el pago de su salario ni las personas naturales o jurídicas que no hayan sido afectados en el flujo de sus ingresos.

Al respecto, la presidenta de la comisión, Margarita Escobar (ARENA), consideró: “Tenemos la opinión de tres instituciones, como son la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, la Defensoría del Consumidor y el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP), quienes manifestaron estar de acuerdo con la propuesta de ley en comento”.

El beneficio temporal para pagar sus obligaciones contempla contratos de créditos y obligaciones crediticias en general, contraídas con personas naturales o jurídicas no sujetas a la supervisión de la Superintendencia del Sistema Financiero, sin que el pago genere intereses de cualquier índole, penalidades o acciones legales por el incumplimiento del pago.

Para documentar su afectación ante el acreedor, el beneficiario deberá presentar certificación emitida por una Administradora de Fondos de Pensiones o certificación emitida por el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

Por otro lado, en el marco del estudio de una iniciativa para diferir el pago de facturas de energía eléctrica y telecomunicaciones por tres meses más, a consecuencia de la pandemia por COVID-19, los diputados de la Comisión de Economía continuaron con las consultas.

En esta oportunidad, conversaron con apoderados de las empresas de telefonía TIGO, CLARO, DIGICEL, TELEFÓNICA y CASATEL, para abordar lo relacionado al impacto que ha tenido el pago diferido de facturas de servicios de energía eléctrica y telecomunicaciones en los meses de marzo, abril y mayo.

En este contexto, los parlamentarios acordaron convocar nuevamente al ministro de Hacienda y al presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), a fin de conocer su opinión sobre el impacto que ha tenido el pago diferido de facturas.