Emiten disposiciones transitorias para que las municipalidades utilicen el FODES para atender necesidades derivadas del COVID-19


La utilización de estos recursos permitirá que los gobiernos locales, de forma inmediata, continúen con el combate y la atención a las necesidades de la ciudadanía derivadas de la pandemia COVID-19. Los gastos e inversiones deberán ser auditados por la Corte de Cuentas de la República y será obligación de las municipalidades llevar un control de forma detallada y separada del total del fondo que ejecuten.

Por: Mayra Escobar
Jueves 03 de septiembre de 2020
Fotografía: Marcela Villalta

Debido al impacto negativo en la economía por el COVID-19, especialmente en las arcas de los gobiernos municipales, los diputados en Pleno autorizaron la emisión de tres disposiciones transitorias mediante las cuales se autoriza la utilización de ciertos porcentajes de las cuotas correspondiente a septiembre, octubre y noviembre asignados por la Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (Ley FODES), con el objetivo que las alcaldías puedan responder a las necesidades a consecuencia de la pandemia.

Con la primera disposición se faculta de manera transitoria a los municipios del país para que utilicen la totalidad del 25% correspondiente a septiembre, octubre y noviembre del FODES para el pago de salarios y deudas a instituciones públicas y privadas, así como para otros gastos de funcionamiento, erogaciones que deberán ser fiscalizadas por la Corte de Cuentas de la República (CCR).

La segunda medida avala a los 262 gobiernos locales para que destinen el monto equivalente al 2 % de los ingresos corrientes netos del Estado que las comunas reciban, conforme a lo regulado en el inciso 3° del artículo 1, de la Ley FODES, para atender combatir y prevenir la pandemia por COVID-19, siempre durante los tres meses ya señalados. De igual manera, los gastos e inversiones deberán ser auditados por la CCR y será obligación de las municipalidades llevar un control de forma detallada y separada del total del fondo que ejecuten.

Finalmente, los parlamentarios facultaron, temporalmente, a las alcaldías de El Salvador para que utilicen la totalidad del 75% de la asignación del FODES correspondiente al mismo trimestre; estos recursos deberán ser destinados para implementar medidas de limpieza en mercados, calles, residenciales y comunidades, además pagar salarios, entre otros fines.

Se espera que con estas disposiciones, las municipalidades cuenten con los recursos para evitar la propagación del COVID-19 y cubrir las necesidades de las comunidades. El monto a utilizar no está exento de ser fiscalizado por el ente contralor.

Bajo esta medida, las municipalidades deberán rendir informe sobre la utilización de los recursos en un plazo de 120 días, a partir de su entrada en vigencia, al Ministerio de Hacienda y al Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM).

La aprobación de estos recursos permitirá que las municipalidades, de forma inmediata, continúen colaborando en el combate y la atención de las necesidades derivadas de la pandemia por COVID-19; sin embargo, los parlamentarios denunciaron el retraso en el pago del FODES.

A ese respecto se refirió el parlamentario Emilio Corea (ARENA): “Ya tenemos un retraso de tres meses -del pago del FODES-, este dinero que estamos autorizando para que utilicen las alcaldías, podría ser utilizado, siempre y cuando llegue a las arcas de las municipalidades, para paliar los efectos negativos que ha dejado el COVID, prevenir una nueva ola de contagios y adquirir insumos de prevención para la población. Reitero, subrayo y recalco el llamado para las autoridades para que paguen el FODES a la brevedad del caso para que se pongan al fía con los gobiernos municipales en un corto plazo posible”.

Por su parte, el diputado Catalino Castillo (FMLN) sostuvo: “En este momento hay un retraso de varios meses de la entrega del FODES por parte del gobierno que es una obligación ya establecida por ley de transferir recursos de los ingresos corrientes del Estado, los cuales al 31 de julio superaron los $2,855 millones; por tanto, no hay ninguna justificación para que a estas alturas no se pueda cumplir con esa obligación […] esperaríamos que a la mayor brevedad posible se tomen cartas en el asunto porque está afectando la ejecución de programas y proyectos”.