Otorgarán compensación de $30 mil a familiares de personal de salud fallecidos a causa del COVID-19


Este beneficio se otorgará a familiares de profesionales y trabajadores de la red pública de salud, incluyendo el ISSS, que hayan fallecido a consecuencia del COVlD19 o sus complicaciones, sospechosos de COVID-19 y neumonías atípicas durante el período comprendido entre el 14 de marzo al 23 de julio de este año. El Decreto Legislativo n° 723, que contiene el proyecto de normativa en referencia, queda en manos de la presidencia de la República para realizar la respectiva sanción y así concluir con el proceso de formación de ley.

Por: Mayra Escobar
Jueves 03 de septiembre de 2020
Fotografía: Marcela Villalta

En  aras de asegurar el bienestar de los familiares del personal de salud que falleció en el combate al COVID-19, antes que entrara en vigencia el Decreto Legislativo n° 620 que otorgaba beneficios como el seguro de vida, entre otras prestaciones; la Asamblea aprobó  la Ley Especial Transitoria para la Constitución del Fondo de Compensación Económica para Familiares del Personal de Salud.

De acuerdo con la normativa, la compensación a entregar a los familiares del personal médico será de $30 mil dólares y se pagará como cantidad única por cada fallecimiento ocurrido que sea acreditado.

Este beneficio se otorgará a familiares de profesionales y trabajadores de la red pública de salud, incluyendo el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), que hayan fallecido a consecuencia del COVlD-19 o sus complicaciones, bajo sospechas de COVID-19 y de neumonías atípicas, durante el período comprendido entre el 14 de marzo al 23 de julio de este año.

Para que el familiar (hijos, cónyuge, padre, madre, abuelos, hermanos, sobrinos o tíos) pueda acceder a la compensación, el fallecido deberá formar parte de un registro oficial que genere el Ministerio de Salud (MINSAL) tomando como base la información de todos los integrantes del Sistema Nacional Integrado de Salud; mismo que deberá elaborarse dentro del plazo de quince días posteriores a la entrada en vigencia de la ley.

De acuerdo con el decreto emitido por los legisladores, los recursos económicos que sean necesarios para otorgar la prestación podrán obtenerse, sin perjuicio de otras, de aportes extraordinarios que por cualquier concepto le otorgue el Estado; herencias, legados y donaciones nacionales o extranjeras en favor del Estado, y susceptibles de ser utilizados para tal fin; donaciones de organismos internacionales, o fuentes de financiamiento de préstamos gestionados en el contexto de la pandemia ocasionada por el COVID-19.

Para el presidente de la Asamblea Legislativa, diputado Mario Ponce, esta moción tiene un alto grado de sensibilidad humana. “Hay un principio básico Constitucional: todos los salvadoreños son iguales ante la ley, nadie tiene más derechos por encima de los otros […] no se está exigiendo nada al margen de la ley, se está haciendo justicia en favor de aquellos familiares, de aquella viuda, de aquel huérfano, de aquel padre o madre que perdió a su hijo o hija que estaba prestando servicios en el Sistema de Salud Pública, eso es lo que busca el decreto, por ello debemos de entender que no es una simple propuesta, es una propuesta que genera o está desarrollando un principio de justicia, el Estado debe poner todos sus esfuerzos”, expresó ante el pleno.

En ese mismo sentido se pronunció el diputado Orlando Cabrera Candray (ARENA), quien explicó que la compensación beneficiará a las familias que “sí perdieron un héroe porque no solo eran profesionales y trabajadores de la salud que murieron en cumplimiento del deber al estar en la primera fila de combate frente al virus del COVID- 19; muchos fallecieron en estas circunstancias, no necesariamente porque estaban en la llamada primera fila, unos murieron porque estaban en laboratorios o manejaban ambulancias, preparaban cadáveres, porque estaban en servicios generales, personal de limpieza, médicos y paramédicos”.

Por su parte, la diputada Rina Araujo (FMLN) externó su satisfacción al emitir una normativa de este tipo, ya que “es de grata alegría la aprobación de un dictamen para esa población que de alguna manera y de forma irresponsable, a través de un veto, quedó descubierta. A inicios de abril emitimos un decreto para la protección a todo aquel personal de salud que estaba en el momento más difícil de la pandemia, no es hasta el 23 de julio que a través de una orden de la Corte Suprema de Justicia  posterior a un veto superado en la Asamblea, le exige que se le dé la protección mínima a aquellas personas que han estado trabajando en la pandemia. ¡Honor a quien honor merece!”.

Además, el diputado Guadalupe Vásquez (GANA) reconoció: “Es de justicia darles recursos a los familiares de las personas que fallecieron”; no obstante indicó que para contar con los recursos se debió “escuchar primero al Ministerio de Hacienda y conocer si tienen los recursos necesarios para otorgar esta prestación económica”.

El Decreto Legislativo n° 723, que contiene el proyecto de ley en referencia, ahora queda en manos de la presidencia de la República para realizar la respectiva sanción y así concluir con el proceso de formación de ley, y tendría vigencia hasta el pago de la última compensación derivada de esta disposición.