Reforman Constitución para reconocer el derecho humano al agua y saneamiento


La reforma constitucional avalada establece en el art. 2: “Toda persona tiene derecho a la vida, al agua y -su saneamiento-, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos", mientras que en el art. 69 se indica: “Es obligación del Estado crear políticas públicas y leyes que garanticen a todos los habitantes agua salubre, suficiente, accesible y asequible, así como el aprovechamiento y preservación de los recursos hídricos. El agua constituye un bien público''.

Por: María Teresa Gutiérrez
Jueves 15 de octubre de 2020
Fotografía: Allison Del Cid

Con el propósito de que el Estado cree políticas públicas y leyes que proporcionen un suministro de agua con calidad, accesible, asequible y fundamentalmente apta para el consumo humano para todos los salvadoreños, el Pleno Legislativo aprobó, con 77 votos en pantalla y uno a mano alzada, la enmienda a los artículos 2 y 69 de la Constitución de la República, a fin de reconocer el derecho humano al agua y su saneamiento.

En ese contexto, la enmienda al art. 2 de la Carta Magna -la cual deberá ser ratificada en la próxima legislatura 2021-2024- queda de la siguiente forma: “Toda persona tiene derecho a la vida, al agua y su saneamiento, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos".

Por su parte, con la respectiva reforma, el art. 69 establecerá: “Es obligación del Estado crear políticas públicas y leyes que garanticen a todos los habitantes agua salubre, suficiente, accesible y asequible, así como el aprovechamiento y preservación de los recursos hídricos.

El agua constituye un bien público''. Al respecto, el presidente de la Asamblea Legislativa, diputado Mario Ponce (PCN), indicó que la reforma constitucional ahora es “un derecho fundamental que tanto el presente Gobierno como los futuros deben operativizar políticas públicas en miras de llevar ese recurso a las personas menos favorecidas, quienes solo pueden tener acceso al agua de forma racionada […] Por lo tanto, al convertirse en un derecho fundamental en nuestras Carta Magna, tiene que haber una inversión y tienen que haber acciones propicias para que no solo quede la letra en papel muerto”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, diputado Mario Tenorio (GANA) afirmó: “Nosotros, como Grupo Parlamentario GANA, siempre hemos sido consecuentes con este tema y siempre lo hemos apoyado. Será en la próxima legislatura, en la que podamos ratificar este acuerdo de reforma constitucional a los artículos 2 y 69 que son de suma importancia para los salvadoreños, lo cual es un gran paso y un logro”.

Para la diputada Evelyn Batres (ARENA), la aprobación del dictamen en cuestión representa “el hoy y el futuro, porque el agua es un recurso indispensable para la vida; por eso, todos los seres humanos debemos de tener acceso al servicio de agua eficiente y de calidad para garantizar la salud de los salvadoreños”.

En la misma dirección, el diputado Javier Valdez (FMLN) dijo: “Como grupo parlamentario, vamos a dar nuestros votos una vez más para incorporar el derecho humano al agua, pero que ha faltado su ratificación en dos ocasiones. Se incorpora y se reconoce en el art. 2 de la Constitución como un derecho humano y en el art. 69 viene su desarrollo para que el Estado garantice el agua a sus habitantes”.

“Esta reforma constitucional es un tema de gran importancia para el país y para todos los salvadoreños, es un gran avance que se ha dado, nos sumamos por unanimidad a la enmienda porque sabemos que es una deuda histórica la que tenemos con el país, porque somos firmantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que reconoce el derecho humano al agua hace ya 10 años”, explicó el diputado Jorge Mazariego (PDC).

Asimismo, el parlamentario Leonardo Bonilla (No Partidario) expresó: “Se alcanzó un consenso que es importante, ya que implica un avance al reconocer en la Constitución que el agua es un bien público, que siempre lo ha sido, pese a no estar textualmente reconocido, y la práctica en nuestro país es distinta al respecto, porque el uso y el goce de este vital líquido no es equitativo para todos”.

Ambas modificaciones son el resultado del aporte de organizaciones sociales e instituciones, entre las que podemos mencionar: Cuidemos la casa de todos, integrado por Cáritas, Tutela de Derechos Humanos del Arzobispado, Centro para la Defensa del Consumidor (CDC), Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA), Tutela Legal María Julia Hernández y la Universidad de El Salvador. Aunado a ello, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales consideró los planteamientos de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre el tema, así como en el ámbito internacional, que han reconocido que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida, la dignidad.