Estado de emergencia e interpelaciones marcan trabajo de Comisión Política


Durante este 2020, la Comisión Política jugó un papel importante con acciones encaminadas a enfrentar la pandemia del Covid-19 con la emisión de varios decretos relacionados con la emergencia, los que buscaban contribuir a la disminución de contagios y muertes por la enfermedad.

Por: Teresa Cubías
Lunes 28 de diciembre de 2020
Fotografía: Mario Órtiz

Una de las primeras disposiciones adoptadas fue la conformación de un Comité de Crisis, conformado por los miembros de Junta Directiva y de la Comisión Política para evaluar y aprobar las acciones tanto al interior de la institución como las iniciativas de ley que dieran un marco legal adecuado a la situación de pandemia.

Es así, como el 14 de marzo se aprobó el Decreto Legislativo 593, favorable de la Comisión Política –que declaró el Estado de Emergencia Nacional, Estado de Calamidad Pública y Desastre Natural en todo el territorio de la República que estaría vigente hasta el 16 de abril, este decreto se extendió hasta el 16 de mayo. Sin embargo, en una resolución posterior, la Sala de lo Constitucional le dio vigencia hasta el 29 de mayo.

Luego de una serie de denuncias de violaciones a los derechos humanos en centros de contención; la preocupación por los salvadoreños varados en el extranjero y atendiendo las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, los miembros de la Comisión Política decidieron convocar a miembros de la academia, sector privado, Colegio Médico, epidemiólogos, trabajadores del sector informal, entre otros, en el marco de la discusión de un nuevo decreto de emergencia.

En el proceso de discusión de las leyes relacionadas se mantuvieron reuniones con delegados del Gobierno, buscando acuerdos y consensos, y según legisladores se logró un 90% de coincidencias para emitir un nuevo decreto que regulara la emergencia y el proceso de reanudación de la actividad económica.

Pero dicho decreto fue declarado inconstitucional, posteriormente se aprobó otro el 661, bajo los mismos parámetros y de igual manera fue vetado por la Presidencia, en ambos casos, los decretos fueron ratificados y, en el proceso de formación de ley, remitidos a la Sala de lo Constitucional para resolver la controversia. En ese sentido, el Decreto 661 fue declarado constitucional, por lo que tuvo que ser sancionado y publicado.

Otro de los importantes cuerpos legales que se emitieron de la Comisión Política fueron:

  • Ley de Regulación para el Aislamiento, Cuarentena, Observaciones y Vigilancia por COVID19.
  • Ley Especial Transitoria para la Atención Integral de la Salud y Reanudación de las Labores en el Marco de la Pandemia del COVID19.
  • Ley Especial Transitoria de Emergencia por la Por la Pandemia Covid19, Atención Integral de la Vida, la Salud y Reapertura de la Economía.
  • Ley Especial de Emergencia por la pandemia Cobid19Atención Integrales la Vida, la Salud y la reapertura de la Economía.

Interpelaciones a funcionarios

Este año, también se caracterizó por la aprobación, desde la Comisión Política, a tres interpelaciones a funcionarios del Gobierno.

La Comisión Política aprobó las interpelaciones a la ministra de Salud, Ana del Carmen Orellana Bendeck y al presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA, Frederick Antonio Benítez Cardona para que explicaran por qué se estaba distribuyendo “agua potable” que no era apta para el consumo humano.

Asimismo, se determinó interpelar al ministro de Defensa Nacional, contralmirante René Francis Merino Monroy, para que explicara por qué militarizaron la Asamblea el pasado 9 de febrero de 2020, violentando la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho, según se consignó en el respectivo dictamen emitido el pasado 27 de febrero. 

Pronunciamiento por FOMILENIO II

Una de las últimas acciones del año, emanadas de la Comisión Política, fue emitir un pronunciamiento para aclarar sobre la suspensión de las obras del FOMILENIO II y la nula posibilidad de participar en una tercera edición de este programa de cooperación.

En el pronunciamiento, se establece que estos efectos son consecuencia directa de la irresponsabilidad fiscal del Gobierno de El Salvador, que desde el primer momento no incorporó los recursos de contrapartida para honrar su compromiso con la Corporación Reto del Milenio.

El pronunciamiento surgió a raíz de una carta recibida en la Comisión Política por parte del director ejecutivo de FOMILENIO II, William Pleitez, en la que manifestó su preocupación por la posibilidad de dejar inconclusas importantes obras que beneficiarían a los salvadoreños de diferentes partes del país, debido a que el Ejecutivo no ha cumplido con el aporte de $50 millones, establecidos en el convenio de cooperación como contrapartida.

El pronunciamiento, que, a juicio de los diputados, es necesario para aclararle a la población que la Asamblea Legislativa sí emitió diferentes decretos que tuvieron como fin corregir y solventar la omisión del Ejecutivo al no haber incorporado en el Presupuesto de la Nación los fondos correspondientes de la contrapartida que le exigía el convenio de FOMILENIO II.

 “Rechazamos la campaña electoral de desinformación y los reiterados ataques a este Órgano Legislativo a fin de encubrir el manejo ilegal de los recursos por parte del Ejecutivo, mientras tanto es la población salvadoreña la más afectada”, aseguran dentro del pronunciamiento.