Durante los últimos dos periodos legislativos millones de dólares del erario público fueron repartidos a las ONG que respondían a intereses políticos.
Durante los últimos dos periodos legislativos millones de dólares del erario público fueron repartidos a las ONG que respondían a intereses políticos.
En los últimos cinco años, una cifra de $159 millones fue autorizada por diputados de legislaturas anteriores, para diversas ONG que tenían como finalidad favorecer estructuras partidarias y no una labor social, así lo denunció - esta mañana- el presidente del primer Órgano de Estado, Ernesto Castro.
“Todas esas ONG que están al servicio de partidos políticos o personas específicas van a tener que dar explicaciones. No vamos a seguir permitiendo que exista una tan sola ONG de fachada”, subrayó el presidente de la Asamblea Legislativa.
Castro aclaró que las organizaciones que se dedican a brindar ayuda a los salvadoreños continuarán recibiendo apoyo monetario y que incluso se puede efectuar una revisión para considerar un refuerzo en los fondos que les son otorgados.
Ayer, en horas de la noche, el funcionario giró instrucciones a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, para elaborar un reporte sobre las ONG de fachada que fueron financiadas en periodos anteriores.
De inmediato, los parlamentarios integrantes de esta comisión y el presidente de la misma, el diputado de Nuevas Ideas, Christian Guevara, iniciaron un rastreo de las entidades que han recibido dinero de recursos del Estado para favorecer a partidos políticos.
Para que la autorización de fondos a estas ONG pasara desapercibida, en el año 2013 los diputados modificaron el artículo 70 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (RIAL), en su inciso número 2, con lo cual podían omitir -luego de la autorización de junta directiva- la lectura y discusión del presupuesto destinado a las ONG, bajo el argumento de ser muy extenso.
“Nunca leían el presupuesto completo y nunca nos dábamos cuenta de lo que realmente pasaba, porque omitían el principio de máxima publicidad […]. Así encubrieron durante años el crimen organizado que tenían allí”, detalló el diputado Guevara.
El legislador también afirmó que la estructura funcionaba como un "offshore" a escala doméstica, que permitía el lavado de dinero, pasando los fondos de un lugar a otro. Algunos de estos organismos recibieron $4 millones; otros, $2 millones sin justificación ni revisión de la Corte de Cuentas de la República.
Además, las ONG favorecidas nunca rindieron informe sobre el dinero recibido. Dentro de la lista de estas organizaciones están incluidas algunas bien establecidas cuya labor social es ampliamente conocida, lo que permitió legitimar la lista completa, explicó el parlamentario.
