Los legisladores también otorgaron al Ejecutivo la garantía soberana del Estado para que el BFA suscriba un préstamo de $20 millones con el BID para apoyar a las MYPES agropecuarias.
El Ministerio de Salud Pública recibirá un refuerzo en su presupuesto para continuar enfrentando la pandemia del COVID-19. Para ello, los diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitieron un dictamen que autoriza al Gobierno a suscribir un préstamo de $50 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
En la sesión de trabajo de la Comisión, el viceministro de Hacienda, Jerson Posada, explicó a los legisladores que $49.9 millones del crédito servirán para potenciar el Plan Nacional de Vacunación contra la enfermedad que ejecuta el Ministerio de Salud.
Estos fondos le permitirán a la institución capacitar a los profesionales encargados de inmunizar a la población; adquirir equipo de protección para ellos y contratar personal temporal que participará en las actividades de despliegue y distribución de la vacuna hacia los diferentes centros de salud del país.
También se destinarán recursos para apoyar la estrategia nacional de comunicación, a través de la realización de campañas educativas y distribución de materiales de orientación, para que la población pueda prevenir la enfermedad.
"Este préstamo nos permitirá acelerar aún más el ritmo de vacunación", expresó el viceministro Posada.
La Comisión de Hacienda también autorizó al Órgano Ejecutivo la garantía soberana del Estado para el préstamo de $20 millones que el Banco de Fomento Agropecuario (BFA) suscribirá con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Con este dinero el Gobierno podrá otorgar créditos a las micros y pequeñas empresas agropecuarias (MYPES), principalmente a las que son dirigidas por mujeres y a las que están situadas en municipios de alta marginación.
Con este préstamo se tiene proyectado financiar hasta con $10,000 a 2,000 MYPES para que puedan hacer inversiones productivas que les permita mejorar sus ingresos.
Otros dos dictámenes elaborados por la Comisión de Hacienda que serán llevados, este martes, al pleno son para hacer reformar a los decretos legislativos 804 y 608, que fueron emitidos en la legislatura pasada.
El primer decreto, emitido en diciembre de 2020, autorizaba al Ejecutivo gestionar fondos hasta por un monto de $138,700,000.00 para el financiamiento complementario del Presupuesto General del Estado del 2021.
El Presidente se la República, Nayib Bukele, a través del Ministerio de Hacienda, ha pedido reformar dicho decreto con el fin de determinar las condiciones o mecanismos bajo los cuales se podrían gestionar y obtener esos recursos, debido a que la anterior legislatura no los estableció.
Hacienda ha solicitado a la Asamblea Legislativa que le autorice tramitar la suma de dinero avalada a través de títulos valores, contratación de créditos o por una combinación de ambas opciones.
El otro Decreto Legislativo que el Ejecutivo busca reformar es el que lo autorizaba a realizar gestiones para obtener $2,000 millones para atender los efectos de la pandemia del COVID-19.
El Gobierno señala que la pasada Asamblea Legislativa emitió dicho decreto en marzo de 2020 y nueve meses después le hizo reformas y le quitó al Ministerio de Hacienda la facultad de realizar emisiones de títulos valores de créditos y con ello ató la obtención de dinero únicamente a los contratos de préstamos.
Además, sin hacerle consultas a Hacienda, los diputados distribuyeron los $2,000 millones. A las municipalidades les otorgaron $366.7 millones para el desarrollo de proyectos y destinaron $125 millones para el aporte estatal de la Cuenta de Garantía Solidaria por un aumento de la pensión mínima.
Mientras que para atender la emergencia sanitaria, asignaron $1,508.3 para el Programa de Transferencias Monetarias Directas a Hogares Económicamente Vulnerables; para cubrir las deficiencias de ingresos en el Prepuesto General de 2020 generadas por la pandemia e incorporar recursos (que no especificaron) al Presupuesto General de 2021.
Ante esto, el Gobierno señala la necesidad de reformar el Decreto Legislativo 608 para identificar de manera precisa la distribución del financiamiento autorizado.
"Hubo una intención maliciosa y electoral con la aprobación de recursos que supuestamente le daban al Gobierno. De los $2,000 millones que se aprobaron, hay una buena parte que aún no se ha ejecutado porque no se ha desembolsado", señaló el diputado de Nuevas Ideas, Raúl Castillo.
