Los legisladores pretenden acabar con los abusos contra la población, promover la inclusión financiera y combatir la usura.
El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Douglas Rodríguez, el superintendente del Sistema Financiero, Rolando Brizuela, y el titular de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, coincidieron en la necesidad de hacer modificaciones a la Ley de regulación de los servicios de información sobre el historial de crédito de las personas.
Los tres funcionarios fueron citados, por la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa para escuchar sus opiniones sobre la propuesta de crear un marco normativo que elimine a las empresas que poseen bases de datos de la ciudadanía y que le venden información crediticia a los bancos o casas comerciales.
La iniciativa está en estudio desde la semana anterior y fue presentada por los legisladores de Nuevas Ideas que integran dicha mesa de trabajo. Con este proyecto se pretende acabar con los abusos que las agencias Equifax Centroamérica, S.A. de C.V., Transunión El Salvador, S.A. de C.V. e Información de Referencias Crediticias en Red, S.A. de C.V. (INFORED) cometen contra la ciudadanía; combatir la usura y promover una inclusión financiera, ya que el 70% de la población no es sujeta a créditos que le permitan mejorar su calidad de vida.
El presidente del BCR explicó a los legisladores que estas compañías acceden a información relacionada con los documentos de identidad de los clientes, con los tipos de créditos que han tenido y los detalles de los mismos (capital, plazo para pagar, montos en mora, entre otros).
Estos datos se los comparten a los bancos o negocios y les sirve para clasificar a las personas en diferentes categorías. A quienes se les asigna una mala calificación no pueden acceder a un crédito y deben recurrir a los usureros, quienes les facilitan el dinero, pero a elevadas tasas de interés.
“Si esta persona pasa seis meses sin pagar sus compromisos cae en la categoría E y no es sujeta a crédito porque se considera que no es alguien que honra sus deudas”, expuso el titular del BCR.
Otro vacío en la ley que advirtió el funcionario es que hay personas que, aunque ya saldaron sus deudas, siguen apareciendo en el sistema con una mala calificación crediticia. Esta falta de actualización de la información les impide acceder a nuevos créditos.
“Si esto no es denunciado por el cliente no hay manera de que se pueda sancionar. Hay un cúmulo de cosas que se han hecho mal y hay que resolver. Hay muchas permisividades en la ley que se hicieron para beneficiar a las agencias y no al pueblo”, señaló Rodríguez.
La presidenta de la Comisión y legisladora de la bancada cyan, Dania González, coincidió en que la normativa fue hecha en las legislaturas pasadas, en las que había “hilos de corrupción” para favorecer a los grupos de poder y que no velaban por los intereses de la ciudadanía.
También apuntó que la normativa no le da herramientas a las instituciones para sancionar de oficio a los agentes económicos que no actualizan oportunamente la información en la base de datos.
“Son muy oportunos estos acercamientos con la Superintendencia del Sistema Financiero, el Banco Central de Reserva y la Defensoría del Consumidor, ya que estamos analizando todas las alternativas de administración del historial crediticio para que sea lo mejor que le entreguemos a la población”, dijo la diputada González
En su intervención, el titular de la Superintendencia del Sistema Financiero manifestó que la normativa establece que los datos crediticios negativos de una persona deben permanecer tres años en el sistema. Los diputados señalaron que se deben hacer reformas para reducir esos plazos. El legislador Héctor Sales opinó que se le debe quitar la mala calificación a un cliente al momento en que salde su deuda.
“Aquí se ha afectado a la gente más necesitada del país. Estos burós de crédito han seguido golpeándola y si no ponemos un alto a esto va a continuar”, manifestó el legislador Bladimir Barahona.
La mesa legislativa continuará haciendo consultas para preparar el proyecto de ley. Para la próxima semana se convocará a delegados de las agencias de información de datos.
