Los fondos servirán para afrontar el impacto que dejó la pandemia del COVID-19 en las empresas.
El Gobierno de El Salvador recibió la autorización de la Asamblea Legislativa para que pueda suscribir un crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por un monto de $600 millones, que permitirá reforzar el Presupuesto General del Estado y afrontar el impacto que dejó la pandemia del COVID-19 en las empresas y el desempleo.
La semana anterior, el titular de Hacienda, Alejandro Zelaya, explicó que el préstamo servirá para el “Programa de Apoyo a Medidas de Recuperación Económica Implementadas en Beneficio de las Empresas y el Empleo afectados por el COVID-19”.
Del monto aprobado por los diputados, con 63 votos, $425.3 millones serán reembolsados al Fondo General de la Nación que ya costeó el Fideicomiso para la Recuperación Económica de las Empresas Salvadoreñas (FIREMPRESA).
El resto de dinero será destinado a diferentes proyectos sociales y de modernización que tienen planificados los ministerios de Agricultura, Economía, Obras Públicas y Vivienda. También a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma y la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados.
“Tenemos que ser responsables con quienes generan empleos, es decir la micro, pequeña y mediana empresa. Darles $425 millones es importante porque volvemos a reactivarlas”, señaló el diputado de Nuevas Ideas, Saúl Mancía.
Su colega de bancada, Rodrigo Ayala, destacó que el organismo internacional otorgó el crédito al Gobierno del Presidente Nayib Bukele por el buen manejo que ha hecho de los fondos durante la pandemia y por el eficiente trabajo realizado en términos macroeconómicos.
“Es un precedente positivo el hecho de que el BCIE esté otorgando a El Salvador la operación más grande de su historia”, expresó el diputado Ayala.
En la plenaria también fue aprobada, con 64 votos, una modificación al Decreto Legislativo 686, con fecha 9 de julio de 2020, con el que se destinaron $50 millones para el Financiamiento Parcial de las Medidas Económicas Compensatorias por la Emergencia del COVID-19.
La pasada legislatura destinó ese dinero para obras municipales, cuando estaba dirigido para el apoyo de la política fiscal del país. El Decreto Legislativo fue vetado por el Presidente Bukele y el caso fue conocido por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que resolvió que los exdiputados invadieron las competencias del Ministerio de Hacienda y lo declaró inconstitucional.
“Los diputados anteriores, de una manera inconsulta, reformaron dicho decreto para otorgarle a los alcaldes de aquel momento el 30% de los fondos, para que se fueran a hacer campaña a sus territorios o se lo robaran. Eso sucedió porque acá siempre trataban de negociar todo bajo la mesa”, criticó el legislador Navarro.
