La pasada legislatura le negó al Ejecutivo los recursos para atender la pandemia, por lo que el Gobierno hizo uso del Presupuesto General del Estado para apoyar a miles de familias durante la emergencia por el virus SARS-CoV-2.
El pleno legislativo avaló, con 64 votos, la ratificación de dos contratos de préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que suman $650 millones, destinados a reembolsar fondos al Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2021 que fueron utilizados por el Órgano Ejecutivo, el año pasado, para atender la emergencia por COVID-19.
Los diputados de la legislatura pasada se negaron a aprobar recursos para que el Gobierno pudiera cubrir las necesidades de millones de salvadoreños para acceder a servicios de salud y servicios básicos.
Debido a la falta de financiamiento, el Órgano Ejecutivo reorientó recursos de las instituciones para poder hacer frente a la crisis sanitaria. “Se están retornando los fondos que se erogaron del Presupuesto General de la Nación”, explicó la parlamentaria de Nuevas Ideas, Suecy Callejas.
Uno de los préstamos ratificados es por $600 millones, de los cuales $100 millones se utilizarán para cubrir el financiamiento del Presupuesto 2021 y $425 millones 300 mil reforzarán el Presupuesto 2021 en el ramo de Hacienda para atender obligaciones generales del Estado.
El retorno de los fondos obedece a la inversión efectuada por el Estado el año pasado, a través del Fideicomiso para la Recuperación Económica de las Empresas Salvadoreñas (FIREMPRESA), que ayudó a cientos de micro y pequeños empresarios a sobreponerse de los efectos de la pandemia.
El resto de los fondos del préstamo se destinarán al Ministerio de Economía (MINEC) para el fomento de atracción de inversión privada y extranjera, a través de la simplificación de trámites.
Además, se brindará financiamiento al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para modernizar y fortalecer la institución y garantizar la seguridad alimentaria. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) recibirá transferencia de fondos para obras de mitigación.
La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) contará con presupuesto para proyectos de mejora de infraestructura y suministro de agua potable, y la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) tendrá apoyo financiero para recuperarse económicamente debido al cierre del aeropuerto por la emergencia sanitaria.
El Ministerio de Vivienda (MIVI) también verá fortalecido su presupuesto para dar respuesta a la necesidad de miles de familias salvadoreñas de contar con un techo digno.
Los recursos orientados a estas instituciones atenderán áreas que resultaron fuertemente dañadas por los efectos de la pandemia, y que necesitan ser reconstruidas y fortalecidas para el bienestar de los salvadoreños.
“Esta inversión que se va a realizar en distintas carteras de Estado es muy necesaria y prioritaria”, mencionó el diputado de la bancada cyan, Caleb Navarro.
El otro contrato de préstamo es por $50 millones. “Esta solicitud entró en julio del año pasado para cubrir el financiamiento del bono de emergencia temprana entregado a un promedio de 1.2 millones de familias”, detalló la parlamentaria, Suecy Callejas.
La diputada indicó que la pasada administración legislativa hizo modificaciones de manera unilateral a este proyecto de préstamo, usurpando la función que la Constitución de la República brinda al Ejecutivo para hacer asignación de fondos.
Los exdiputados modificaron el proyecto original para destinar un 30 % de los recursos a las alcaldías. Este documento fue vetado por el Presidente de la República Nayib Bukele, y al ser conocido el caso por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fue declarado inconstitucional.
Los fondos fueron aprobados por la administración pasada, pero nunca fueron ratificados, por ende, el financiamiento nunca llegó al Gobierno. “Estos $50 millones nunca salieron del banco, nunca estuvieron a disposición”, aseveró la diputada Callejas.
Estos $50 millones serán reintegrados al Presupuesto 2021 para cubrir el desembolso que el Gobierno hizo para brindar $300 a las familias salvadoreñas afectadas por la emergencia sanitaria.
