La creación de la ley por parte de esta junta de trabajo de la Asamblea Legislativa es para estar al frente de la dinámica en el tema de seguridad privada y así brindar mayor oportunidad de trabajo, de horas extras y de tiempo compensatorio.

Luego de haber presentado un anteproyecto de la Ley Especial de Regulación de los Servicios de Seguridad Privada, los disputados de la Comisión de Trabajo y Previsión Social invitaron a representantes de empresas referentes a ese rubro para obtener insumos de parte de ellos en el proceso del desarrollo de la normativa.
“Estamos haciendo todos los estudios para construir una propuesta para regularizar las condiciones laborales adecuadas para los agentes de seguridad privada, porque en muchas ocasiones han sido vulnerados”, comentó el presidente de la junta, Edgardo Mulato.
Hoy, los invitados fueron Carlos Novoa, quien es el director de la Unión Nacional de Agencias Privadas de Seguridad (UNAPS), una gremial que engloba 80 empresas. Además, Miguel Hernán Gil, director ejecutivo de Guard Plus, y Óscar Peña, gerente general de TAGRO, S.A. DE C.V.
“Esta es la base para construir una agenda con gremiales, sindicatos, empresas de seguridad privadas y así poder avanzar en el tema”, aseguró el diputado Mulato.
La Ley de los Servicios Privados de Seguridad que rige al rubro en la actualidad fue decretada en el año 2000, pero de acuerdo a los diputados de la comisión esta fue acoplada para beneficiar solo a los empleadores.
“Esa ley era para los empresarios, en donde se acopló a una inseguridad y a intereses particulares”, aseguró el legislador.
Basado en ello, los tres invitados expusieron sus diferentes puntos de vista y argumentaron la razón por la que hay ciertos incumplimientos con los trabajadores del sector de seguridad. Entre sus justificaciones están las licitaciones emitidas con limitantes por parte del contratista del servicio.
“Nacimos bajo la problemática que ya se ha identificado, es decir con la inseguridad que atañe al país”, comentó Novoa, quien además sugirió ideas para complementar el estudio que realizan los diputados, como determinar una escala de precios, buscar los mecanismos para que haya una competencia real, regular las empresas que laboran fuera del marco de la ley (ilegales), regular la gama de servicios, entre otros.
Según los registros, en el país hay un poco más de 27 mil agentes de seguridad, 432 empresas registradas en el Centro Nacional de Registros (CNR), de estas hay una cifra que no se preocupan por cumplir con la normativa del Código de Trabajo y como lo mandata la Constitución de la República.
Un esfuerzo articulado con el Ministerio de Trabajo
En el desarrollo de la junta, la diputada de Nuevas Ideas Ivonne Hernández sugirió complementar labores junto al Ministerio de Trabajo, por lo que indicó que podrían implementar ciertas acciones.
Entre ellas, las inspecciones e investigaciones a empresas de seguridad pública y realizar estas de una manera aleatoria.
En una de las sesiones de esta comisión, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, aseguró que las denuncias que más interponen en esa institución son del área de seguridad.
"En tan solo 18 meses, en el ministerio hemos recibido 50 mil demandas y la mayoría de ellas son del rubro de seguridad y limpieza. Son los que más violentan los derechos de los trabajadores", comentó en ese momento el funcionario. “Las violaciones que se tienen en estas empresas son enormes: vigilantes a los que les descuentan hasta los uniformes que les dan, horarios que exceden lo permitido por la ley”, agregó.
Además, durante el periodo del 15 al 21 de julio, la comisión ha recibido al menos 150 denuncias laborales de diferentes rubros por medio de correo electrónico, según lo comunicado por el diputado Mulato.
El legislador expuso que las denuncias más recurrentes provienen de empresas como call centers, restaurantes, maquilas y transporte de carga, de acuerdo a lo obtenido en el seno de la comisión. Y entre los motivos de denuncia destacan los despidos injustificados, la excesiva presión laboral, el impago de incapacidades y vacaciones, también el impago de obligaciones legales e incumplimiento de medidas de bioseguridad ante el COVID-19.