Ejecutivo solicita reformar Código Procesal Penal para que no prescriban delitos de corrupción


La iniciativa permitirá procesar a los responsables de efectuar prácticas corruptas para robar dinero público durante todos los gobiernos, incluyendo al actual.

Por: Prensa Asamblea Legislativa
Miércoles 28 de julio de 2021
Ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, entrega al Presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, iniciativa para reformar el Código Procesal Penal.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, entregó al Presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, una iniciativa del Presidente de la República, Nayib Bukele, para reformar el artículo 32 del Código Procesal Penal.

“La iniciativa de reforma es para que los actos de corrupción en este país no prescriban. Incluye a los funcionarios de los últimos 30 años, es decir, de todos los gobiernos”, detalló el Presidente Castro.

Con ello, se eliminarán las barreras temporales que evitan la persecución de delitos de corrupción cometidos hace más de 10 años, muchos de ellos institucionalizados bajo mecanismos oscuros para desviar fondos públicos.

La reforma solicitada incorporará la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción; así, el inciso final del artículo 32 quedaría de la siguiente manera: “…No prescribe la acción penal en los casos siguientes: tortura, actos de terrorismo, secuestro, genocidio, violación de leyes o costumbres de guerra, desaparición forzada de personas, delitos cometidos contra la libertad sexual de menor o incapaz, y los establecidos en el Libro II, Título XVI, Capítulos II y III del Código Penal…”

Las partes señaladas del Código Penal tienen que ver con los delitos relativos a la administración pública y la corrupción. Gobiernos anteriores establecieron un marco regulatorio para blindarse ante la justicia y quedar en la impunidad por el cometimiento de estos delitos, a través de la prescripción de los mismos después de 10 años.

“Este es un mensaje, no solo para los gobiernos anteriores, sino también para los funcionarios de este Gobierno. Acompañaremos el compromiso del Presidente Bukele de combatir la corrupción, sea quien sea”, afirmó.

La reforma fortalece y complementa el trabajo que efectúa la Nueva Asamblea Legislativa para descubrir y exponer prácticas corruptas realizadas durante años para defalcar al Estado.

En este tema se tienen importantes hallazgos gracias al trabajo de las comisiones especiales que investigan la entrega de fondos a ONG y de sobresueldos; con estas evidencias el Órgano Judicial podrá actuar de manera efectiva gracias a la reforma solicitada.

“No es justo que mientras el funcionario corrupto se enriquecía con el dinero del pueblo, los hospitales estaban sin medicamentos y las escuelas sin condiciones para los niños; hicieron de la seguridad un negocio”, aseveró el Presidente del Primer Órgano del Estado.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, dijo que la reforma implica retroactividad para procesar a quienes cometieron actos de corrupción hace más de 10 años.

Asimismo, aclaró que toda acción penal conlleva una responsabilidad civil. “En consecuencia, debe haber restitución civil de los fondos recibidos de forma ilegal, anormal e ilícita”, dijo.

Villatoro señaló que diputados de anteriores legislaturas de manera “hipócrita” suscribieron tratados internacionales, como la Convención Interamericana Contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que reconocen la necesidad de prevenir, detectar, sancionar y erradicar estos actos. No obstante, nunca llevaron estos compromisos a la práctica.

“Es un hecho histórico que ningún Gobierno anterior quiso decidir, estamos determinados a combatir la corrupción a todo nivel y en toda época”, agregó.

La iniciativa pasará a estudio de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para dotar al país de un cuerpo normativo que haga prevalecer la justicia, procese a los culpables, emita las sentencias respectivas y devuelva a las arcas del Estado el dinero desfalcado para que sea transformado en beneficios en las áreas de educación, salud, seguridad, entre otras.