El camino para eliminar la corrupción y saldar deudas sociales históricas con la población inició hace 100 días con la conformación de la nueva Asamblea Legislativa.
Una de las primeras acciones efectuada por los diputados para garantizar una verdadera justicia que vele por el bienestar de los salvadoreños fue la sustitución del fiscal general de la República, Raúl Melara, debido a su evidente vinculación partidaria.
En el mismo sentido, se llevó a cabo una renovación al interior de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a través de la elección de nuevos magistrados que respondan a los intereses de la población y no a los de políticos y corporaciones.
Los anteriores magistrados, en repetidas ocasiones, sobrepasaron sus facultades constitucionales y usurparon atribuciones exclusivas del Órgano Ejecutivo, lo que resultó en falta de gobernabilidad en detrimento de miles de salvadoreños en el contexto de la pandemia por COVID-19.
Los parlamentarios, electos democráticamente por el pueblo, están cumpliendo con el mandato del soberano para erradicar las prácticas corruptas al interior de las instituciones del Estado.
Así, se han conformado comisiones especiales para investigar el desvío de fondos públicos hacia ONG fachadas y la entrega de jugosos sobresueldos a funcionarios de todos los gobiernos.
Los diputados han hecho un trabajo diligente que ha revelado la aprobación de fondos por parte de anteriores administraciones legislativas a ONG vinculadas a partidos políticos.
Ejemplo de ello son las pruebas contundentes que señalan el conflicto de intereses al otorgar fondos a la asociación de mujeres “Las Mélidas”, debido a que su junta directiva está conformada por exdiputadas del FMLN y exempleadas del Primer Órgano del Estado, entre ellas, Lorena Peña, expresidenta de la Comisión de Hacienda, Cristina Cornejo, Irma Segunda Amaya y Emma Julia Fabián.
Las investigaciones revelaron, además, que la diputada de ARENA, Milena Calderón de Escalón, se autoasignó fondos para la fundación que presidía, mientras fungía como presidenta de la Comisión de Hacienda. Se cuenta con registro de grabaciones en donde de Escalón y Lorena Peña hacen negociaciones para repartirse los fondos.
Por otra parte, la Asamblea Legislativa ha solicitado al Órgano Judicial las pruebas correspondientes con relación a la entrega de sobresueldos a funcionarios, partidos políticos, magistrados, entre otros.
De acuerdo con información presentada por el expresidente de la República, Elías Antonio Saca, entre los funcionarios que recibieron sobresueldos se encuentra Ana Vilma de Escobar, exvicepresidenta de la República; Rodrigo Ávila y Margarita de Escobar, actuales diputados por el partido ARENA.
Para garantizar la eliminación de estas prácticas corruptas, los parlamentarios recibieron e iniciarán el estudio de reformas propuestas por el Presidente de la República, Nayib Bukele, al Código Procesal Penal, para la no prescripción de los delitos de corrupción durante todos los gobiernos, incluyendo al actual.
Así, quienes se han lucrado y se lucren del dinero del pueblo pagarán por sus delitos, sea quien sea y venga de donde venga.
En el mismo camino de la justicia, la nueva Asamblea Legislativa efectuó reformas a las leyes de 23 juntas o consejos de instituciones autónomas para democratizar la participación de todas las empresas privadas en los proyectos ejecutados.
En gobiernos anteriores, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), con la complicidad de exfuncionarios, garantizó y perpetuó el beneficio de unas pocas empresas a través del control que ejercían dentro de las juntas o consejos.
Mientras la corrupción se combate de manera frontal, también se están saldando deudas históricas con la población en el área social. De manera urgente, se ha dotado de recursos a los ministerios de Salud y Educación para la atención de la niñez con la implementación de dos iniciativas de la Primera Dama de la República, Gabriela de Bukele.
Los parlamentarios aprobaron fondos para que, desde el momento de la concepción, la niñez reciba una atención integral desde las áreas de Salud y Educación, a través de la puesta en marcha de la Política Nacional de Primera Infancia “Crecer Juntos”.
También, se han otorgado herramientas financieras para que tanto la madre como su bebé reciban un trato digno en el Sistema Nacional de Salud al momento del parto y cuidados posteriores, con el programa “Nacer con Cariño”.
De la mano con “Crecer Juntos”, el sistema educativo implementará el programa “Mi Nueva Escuela”, gracias a los recursos aprobados por el Congreso. Este programa es un nuevo concepto que integra ambientes pedagógicos adecuados, capacitación docente y un currículo de enseñanza que garantizarán una educación de primer mundo.
Asimismo, la actual legislatura está construyendo la Ley General de Recursos Hídricos con la participación de todos los sectores de la sociedad, una deuda con la población acumulada durante 30 años.
Los diputados también están velando por la seguridad de los salvadoreños, a través del desbloqueo de fondos para el Plan Control Territorial que habían sido retenidos durante más de un año por los anteriores funcionarios; al mismo tiempo, la seguridad alimentaria está garantizada gracias a un importante apoyo aprobado para los productores agrícolas.
Además, los parlamentarios presentaron una iniciativa para que se frenen de una vez por todas los abusos cometidos por los burós de crédito en contra de los salvadoreños, para desafectar al 70% de la población que no es sujeta a crédito debido que tiene mala calificación financiera por las prácticas negligentes de estas instituciones.
En cuanto a la pandemia, se eliminaron obstáculos impuestos por los exdiputados que impedían la atención eficaz de los pacientes. Además, las MYPES afectadas por COVID-19 han recibido apoyo monetario para su recuperación.
La vivienda es un tema prioritario para esta administración, por ello, se aprobó la Ley Especial Transitoria para la Regularización de Lotificaciones y Parcelaciones para Uso Habitacional, con la cual se resolverá la incertidumbre jurídica en la que más de 350,000 familias han vivido por años debido a no contar con las escrituras de propiedad de sus terrenos.
Para los diputados también es importante brindar atención a los salvadoreños en el exterior, por ello, se autorizó presupuesto al Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) para fortalecer la atención en 17 consulados alrededor del mundo, para el "Mejoramiento y ampliación de los servicios de emisión y entrega del DUI en los Estados Unidos y otros países".
En cuanto al deporte, se avalaron fondos para la implementación del “Programa de Construcción de Infraestructura y Rescate de Escenarios Deportivos a Nivel Nacional (PRODEPORTE)", que permitirá que el país cuente con las condiciones para ser sede de importantes eventos internacionales.
Sumado a estos beneficios, después de más de dos años se ratificó el Convenio de Cooperación Bilateral entre El Salador y la República Popular China, gestionado en 2019 por el Presidente de la República, Nayib Bukele.
Son $500 millones que se destinarán para proyectos de desarrollo, entre estos, la construcción de la Biblioteca Nacional “Francisco Gavidia”, que será la mejor de la región centroamericana; el nuevo estadio nacional y el nuevo muelle en el Puerto de La Libertad.
En el tema de movilidad, se aprobó financiamiento para dar solución definitiva al tráfico y la vulnerabilidad generados en la carretera Los Chorros, a través de la ampliación de la calle y construcción de viaducto.
Además, los 262 alcaldes recibieron el 50% de la deuda del FODES con libre disponibilidad de uso de los recursos, de acuerdo con las necesidades de sus municipios.
En la ruta hacia el desarrollo económico, El Salvador se posicionó como el primer país del mundo en avalar la circulación del Bitcoin como moneda de curso legal, con ello se potenciará el turismo, el desarrollo económico local y se brindará oportunidad de crecimiento financiero a la población no bancarizada.
Siempre en el tema económico, se avalaron reformas a la Ley de Firma Electrónica para simplificar los trámites comerciales, con lo cual se incentivará la dinamización de la economía al contar con herramientas que faciliten las transacciones comerciales.
Para fortalecer la recaudación fiscal y llevar a cabo más obras en beneficio de la población, los diputados reformaron la Ley de Imprenta para despojar a los rotativos de la exención del pago del Impuesto Sobre el Valor Agregado (IVA) y de la renta. Ellos gozaron de este beneficio durante 70 años.
Finalmente, la renuncia a privilegios por parte de la Junta Directiva de la nueva Asamblea Legislativa y el recorte al presupuesto de las fracciones partidarias permitirán generar un ahorro anual de $7 millones. Este ahorro que ha comenzado a realizarse servirá, entre otras cosas, para dar reconocimiento monetario a los integrantes de la Selecta Playera, que participarán en el mundial de Rusia 2021.
