Por faltas calificadas como “muy graves” se implementará una sanción que tiene como base 120 salarios mínimos. En caso de existir una reincidencia en las infracciones -lo máximo serán tres- se cerrará operaciones de la empresa.
Luego de afinar detalles para presentar ante el pleno legislativo un paquete de reformas a Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el Historial Crediticio de los salvadoreños de manera sostenible, los diputados de la Comisión Financiera aprobaron incrementar las multas dirigidas a los burós de créditos, una vez que estas cometan faltas a dicha ley.
De acuerdo a lo admitido de manera unánime, por las multas graves que ejecuten estas empresas -dedicadas a integrar datos y proporcionar información sobre el historial de créditos vigentes o activos, cancelados o inactivos de las personas y empresas- se implementará una base de 100 salarios mínimos.
Mientras que por las faltas calificadas ante la ley como muy graves, se contempla la sanción de 120 salarios mínimos, en caso de no borrar el récord negativo. En un primer momento, las infracciones graves serían castigadas con 40 salarios mínimos y las muy graves con 80, pero los legisladores prefirieron incrementarlas para hacer responsables a estas empresas.
“Dentro de las modificaciones más significativas que hemos hecho fue el aumento de los pisos de las multas, que van a ir aplicadas a los agentes económicos y a los burós de créditos, para garantizar que no van a infringir la ley”, comentó la presidenta de la junta de trabajo, Dania González, quien indicó que buscan una mayor inclusión y una justicia financiera para la población.
En caso de existir una reincidencia en las infracciones -lo máximo serán tres- se cerrará operaciones de esa empresa, indicaron los diputados.
Además, con estas reformas, no solo la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) tendrá acceso a estas bases de datos, sino que también el Banco Central de Reserva (BCR) y la Defensoría del Consumidor, debido a que los legisladores les brindan herramientas jurídicas con estos cambios.
Antes de pasar el dictamen favorable para ser estudiado y aprobado en la Sesión Plenaria número 16, los diputados de la comisión definieron 12 artículos del paquete de reformas.
“Vamos a salvaguardar los derechos de las personas que estuvieron a merced de estas empresas. Estas modificaciones son el resultado de las consultas que la población salvadoreña emitió”, comentó el diputado William Soriano.
Por su parte, la legisladora Aronette Mencía aseguró que: “No dejamos ningún flanco abierto para poder hacer una justicia financiera”.
Adición del artículo 23, una herramienta para denunciar
La comisión estudió modificar 24 artículos y agregar uno -precisamente el número 23- con el que le darán respaldo a los salvadoreños, debido a que este contempla el poder de demanda.
Una vez cancelada totalmente la deuda adquirida, el usuario deberá recibir su finiquito en un máximo de siete días hábiles (no durante un año, como lo respalda la ley actual), de no recibir el documento este podrá colocar una denuncia en contra de las casas financieras, los burós crediticios o los agentes económicos que lo afecte.
También, El Salvador sería parte de los países centroamericanos en donde estas empresas podrán tener en un periodo corto el tiempo de permanencia en el historial: Tres años.
Por otro lado, los legisladores aseguraron que entre las modificaciones se contempló el aproximar estas instituciones a la población.
“Queremos que existan tres oficinas de resolución de estos casos financieros: Una en la zona occidental, una en la central y otra en la oriental. Además, habrá puntos de consulta exprés y con esto garantizamos el acercamiento a la población”, dijo la diputada González.
Ante esto, el legislador Caleb Navarro comentó que lo que pretenden es que la población pueda revisar su historial crediticio de manera expresa, sin importar el departamento en el que se encuentre.
