La próxima semana, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República serán las dos primeras instituciones invitadas para estudiar la iniciativa de no prescripción.
Enfocados a contribuir al combate a la corrupción, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales acordó iniciar la próxima semana con la recepción de invitados para el estudio de una propuesta de reforma al Código Procesal Penal que busca la no prescripción de delitos de corrupción.
Según la iniciativa del Presidente de la República, Nayib Bukele, presentada por el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, la modificación se aplicaría al artículo 32 del Código Procesal Penal en su inciso final, donde se incorporará la no prescripción para los delitos relativos a la administración pública como: peculado, negociaciones ilícitas, cohecho propio e impropio, malversación, enriquecimiento ilícito, infidelidad en la custodia de registros o documentos públicos, cohecho activo, tráfico de influencias, desobediencia a particulares y desacato; establecidas en el Titulo XVI, capítulos II y III del Código Penal.
“La tarea de combatir la corrupción es de todos, esta se podría llegar a categorizar como delito de lesa humanidad por las afectaciones a los derechos fundamentales. El artículo 1 y 2 de la Constitución de la República es claro en establecer que el Estado está obligado a dar garantía a los derechos fundamentales, pero la corrupción generó que no se cumplieran”, enfatizó la presidenta de la comisión, Marcela Pineda.
“Estamos en busca de que todos aquellos que han cometido actos de corrupción puedan pagar. Esta iniciativa es tan esplendida y transparente, en el sentido que no solamente se va a juzgar a aquellas personas que cometan actos de corrupción en la actualidad, sino también en gobiernos pasados”, manifestó el diputado de Nuevas Ideas, Walter Coto.
“Nosotros creemos que esto generará un avance en la transparencia, porque aquellos que le han robado al pueblo van a devolver esos recursos que fueron extraídos al Estado”, agregó el legislador.
Se prevé que con la reforma en mención judicialice y haga justicia en casos emblemáticos de corrupción como el desvío de fondos públicos a ONG fachadas, así como en la entrega de sobresueldos con recursos provenientes de fondos públicos.
Una de las características de esta moción es su retroactividad, eso significa que se incluirá la aplicación de justicia para hechos cometidos en los últimos 30 años.
