PROCADES estafó a cerca de 245 familias por un monto de $5.3 millones, al venderles terrenos para vivienda que pertenecían a otras personas.
La nueva Asamblea Legislativa ha dado un paso importante para hacer justicia a un promedio de 245 familias, al emitir dictamen favorable a la Ley Especial para la legalización de los inmuebles adjudicados vía judicial al Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO), en el juicio ejecutivo mercantil promovido en contra de la Asociación Salvadoreña de Promoción Capacitación y Desarrollo (PROCADES).
“Le daremos al Ministerio de Vivienda una herramienta más para que haya justicia social. Estas familias dejaron de salir a comer, de comprar cosas para pagar sus terrenos, y esta lotificadora no se los entregó. Por años tocaron puertas y no fueron beneficiados”, manifestó la diputada de Nuevas Ideas, Marcela Pineda.
Las familias que fueron estafadas han estado luchando desde 1998, año en el que la lotificadora PROCADES cometió fraude en contra de las familias que habían pagado su terreno a través del programa de créditos de FONAVIPO, pues las lotificaciones ya tenían propietarios.
FONAVIPO fue a juicio en este caso y se le adjudicaron, como pago por los $5.3 millones estafados a las familias, inmuebles propiedad de la asociación PROCADES, sin embargo, para que la institución gubernamental pudiera donar los inmuebles a las familias afectadas debía aprobarse un decreto en la Asamblea Legislativa, lo cual no sucedió conforme a la necesidad del caso, pues, a la fecha, producto de un decreto emitido en 2018 solo fueron favorecidas 60 familias.
“No solo se trata de una lotificadora, sino de la complicidad de un sistema judicial que nunca fallaba a favor de la población, y de una Asamblea Legislativa que solo emitía decretos transitorios para que siempre hubiera dependencia de votos”, añadió la legisladora.
El diputado de la bancada cyan, Caleb Navarro, reiteró: “Por eso, esta Asamblea Legislativa ha sido contundente en los cambios para el Órgano Judicial, debido a esas injusticias que se han dado en el país. La justicia debe darle a cada quien lo que le corresponde, y estas personas se lo merecen (las escrituras de sus viviendas)”.
La ministra de Vivienda, Michelle Sol, quien expuso ante los parlamentarios la necesidad de aprobar el anteproyecto de ley, explicó que uno de los principales problemas que dio paso a la estafa contra las familias fue la falta de controles en FONAVIPO al no advertir irregularidad en los procesos.
Dijo que el obstáculo que impidió, posteriormente, una resolución favorable y pronta a las familias fue el corto periodo de tiempo (dos años) del decreto transitorio emitido en 2018 por el Primer Órgano del Estado.
Criticó que durante los gobiernos del FMLN se politizó el tema y aseguró, además, que el sistema de vivienda trabajará incansablemente hasta que las familias tengan la certeza jurídica de los terrenos en donde habitan.
“En el periodo del FMLN jugaban con las escrituras de las familias. En los festivales del Buen Vivir entregaban cinco escrituras, solo para darles esperanza. Nosotros vamos a trabajar para darle escrituras a la comunidad completa, queremos que se empodere toda la comunidad, que no haya diferencia entre una familia y otra”, afirmó.
Las familias que serían favorecidas con la aprobación de esta ley en el pleno habitan en distintos municipios del país, entre estos: Tecoluca (San Vicente), San Pablo Tacachico (La Libertad), Puerto El Triunfo (Usulután), Usulután, Ilopango (San Salvador), Ayutuxtepeque (San Salvador), entre otros. “Un servidor público debe generar bienestar en el pueblo.
“Este tipo de iniciativas permitirán darles ese alivio y tranquilidad a las familias. Aquí no nos va a costar voluntad política, vamos a obedecer el mandato del pueblo, que es transformar este país que estaba sumido en la corrupción”, subrayó el diputado de Nuevas Ideas, Raúl Castillo.
