Durante más de 25 años, los gobiernos de ARENA y el FMLN no hicieron nada para resolver la situación jurídica habitacional de las familias víctimas de fraude.
La nueva Asamblea Legislativa dará solución habitacional definitiva a 245 familias que fueron estafadas por la Asociación Salvadoreña de Promoción Capacitación y Desarrollo (PROCADES), que les vendió lotes para vivienda que pertenecían a otras personas, dejándolos con la inseguridad de no tener un techo propio.
“Entró el Gobierno de Flores, de Saca y no les importó ayudarles a estas familias. Llegó el Buen Vivir del FMLN, que prometió ilusiones a la gente y no solventó nada. Salvador Sánchez Cerén se presentaba a las comunidades con dos o tres escrituras, burlándose de la gente, con la promesa de que iban a legalizar el resto”, señaló el subjefe de fracción de Nuevas Ideas, Caleb Navarro.
Las personas que fueron estafadas han estado luchando desde 1998, año en el que la lotificadora PROCADES cometió fraude en contra de las familias que habían pagado su terreno a través del programa de créditos de FONAVIPO, pues los lotes ya tenían propietarios.
FONAVIPO fue a juicio en este caso y se le adjudicaron, como pago por los $5.3 millones estafados a las familias, inmuebles propiedad de la asociación PROCADES; sin embargo, para que la institución gubernamental pudiera donar los inmuebles a las familias afectadas debía aprobarse un decreto en la Asamblea Legislativa, lo cual no sucedió conforme a la necesidad del caso, ya que producto de un decreto transitorio, emitido en 2018, solo fueron favorecidas 60 familias.
Con 84 votos, los legisladores aprobaron la transferencia de los inmuebles ganados por el Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO), en el juicio contra PROCADES, para donarlos a las 245 familias afectadas.
La normativa que acabará con la incertidumbre en la que han vivido estas personas, luego de haber pagado sus terrenos, se denomina “Ley Especial para la legalización de los inmuebles adjudicados vía judicial al Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO), en el juicio ejecutivo mercantil promovido en contra de la Asociación Salvadoreña de Promoción Capacitación y Desarrollo (PROCADES)”.
“Estas 245 familias han esperado para tener el documento en sus manos, ya pasaron generaciones que nunca vieron legalizados sus inmuebles. La nueva Asamblea Legislativa está a favor de ustedes y está legislando para ustedes”, destacó el parlamentario.
Uno de los principales problemas que dio paso a la estafa contra las familias fue la falta de controles en FONAVIPO al no advertir irregularidad en los procesos. El obstáculo que impidió, posteriormente, una resolución favorable y pronta a las familias fue el corto periodo de tiempo (dos años) del decreto transitorio emitido en 2018 por el Primer Órgano del Estado.
“El gobierno se preocupaba por crear ONG fachadas y cobrar sobresueldos en CAPRES y nunca solventó el problema de estas familias […] Felicitamos al Presidente Nayib Bukele a través de su ministra, Michelle Sol, por preocuparse por estas personas”, destacó el diputado Navarro.
Las familias que serán favorecidas con la aprobación de esta ley habitan en distintos municipios del país, entre estos: Tecoluca (San Vicente), San Pablo Tacachico (La Libertad), Puerto El Triunfo (Usulután), Usulután, Ilopango (San Salvador), Ayutuxtepeque (San Salvador), entre otros.
