La Comisión de Justicia y Derechos Humanos continuó con el proceso de elaboración de una Ley de Justicia Transicional, que incluya los estándares internacionales y los parámetros constitucionales sobre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
La iniciativa se enmarca en el cumplimiento del fallo de la Sala de lo Constitucional que, en julio de 2016 declaró inconstitucional la Ley de Amnistía General de 1983, la cual había impedido el juzgamiento de los crímenes más graves cometidos durante la guerra (1980-1992) en ese país.
Como parte de la metodología de estudio, la mesa legislativa desarrolla una fase consultiva para escuchar aportes y opiniones de instituciones y funcionarios conocedores del tema, en esta ocasión se recibió al rector de la Universidad de el Salvador (UES), Roger Arias, quien consideró importante incorporar en la propuesta un apartado de conceptos y definiciones para identificar las responsabilidades de cada parte; esto con el fin de no dejar vacíos en el cumplimiento de deberes.
Asimismo, el rector de la UES pidió que se incorpore a esta casa de estudios superiores como persona jurídica a la que se le violaron sus derechos en el pasado conflicto armado. Indicó que una de las formas de restituir los daños sistemáticos es brindar un presupuesto que permita impulsar sus funciones totales.
“Hubo persecuciones y torturas de estudiantes. Cinco intervenciones militares se generaron. La primera el 2 de septiembre de 1960; la segunda, el 19 de julio de 1972; otra, en 1975 y sucesivamente en años posteriores. La universidad fue muy dañada”, precisó
Arias solicitó, además, que se le incluyera en la comisión para tener voz y voto, para la creación de la ley. También, requirió la entrega de espacios como el CAFTA a fin de que funcione como museo (Excuartel San Carlos).
En ese lugar, militares violaron derechos de estudiantes, docentes y trabajadores. “Igualmente, deben declarase algunos lugares de memoria histórica, incluidos los campos de la universidad, para honrar y dignificar a las víctimas”.
El rector reconoció la voluntad de los diputados para legislar el tema: “Reconozco el esfuerzo que realiza esta comisión para retomar este tema tan importante para el país. Ahora, se busca que se haga justicia ante esta violación de derechos humanos”,
La diputada presidenta de la comisión, Rebeca Santos, explicó la importancia de una Ley de Justicia Transicional, que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le ordenó a la pasada Asamblea Legislativa.
“Lamentamos que la pasada legislatura no dio muestras de querer acatar; tras la presión nacional e internacional, no lo hicieron, únicamente entregaron unas disposiciones que implicaban una nueva forma de amnistía, similar a la de 1993, restableciendo la impunidad que se quería combatir”, dijo la diputada.
La diputada cuestionó si se deben considerar reparaciones económicas dentro del proceso de justicia transicional y restaurativa, ante la exposición de los representantes de la UES.
El diputado Jorge Castro expresó que se legislará el tema para garantizar el derecho al acceso a la justicia de las víctimas. “El objetivo de la ley es reparar algo que por historia no fue atendido: la justicia transicional para las víctimas”.
Al finalizar, los diputados acordaron que se continuará escuchando aportes de las asociaciones de víctimas con el fin de contribuir a un proceso de diálogo amplio, representativo, transparente y participativo que culmine con la aprobación de una norma que ofrezca certeza de verdad, memoria, justicia, reparación integral y garantías de no repetición, en correspondencia con la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General y los estándares internacionales de derechos huma
