El trabajo que realice esta entidad, entre otros aspectos, tendrá como objetivo expandir la matriz energética para abaratar los costos y evitar afectaciones en la economía de la población.
La reducción del costo de la energía eléctrica, que permitirá aliviar el bolsillo de los salvadoreños, es uno de los principales objetivos que persigue la creación de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas. En la sesión plenaria, con 62 votos, los diputados aprobaron la ley que le dará vida a dicha entidad, que será el ente rector en política energética en El Salvador.
El trabajo que realice esta dependencia del Estado corregirá el desorden que dejaron los gobiernos anteriores y que ha provocado que el país sea una de las naciones en donde el precio de la energía eléctrica sea más caro, debido a que las regulaciones existentes tienen muchos vacíos.
La iniciativa fue presentada por el Órgano Ejecutivo y fue estudiada en la Comisión de Economía. El legislador de Nuevas Ideas, Rodrigo Ayala, quien preside dicha mesa de trabajo, expresó ante el pleno que la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas permitirá expandir la matriz energética para buscar mejores opciones en el país y abaratar los costos.
“Estamos avanzando hacia un sector energético eficiente, limpio, amigable con el medio ambiente y sobre todo con el bolsillo de los salvadoreños", señaló el diputado Ayala.
Su compañera de bancada, Elisa Rosales, destacó que la creación de esta Dirección permitirá encaminar el rumbo del país, ya que se puede explotar diversas energías verdes, diversificar la matriz energética y llegar a ser un referente a nivel regional.
“No debemos ser un país que sigue agendas de grupos minoritarios. Los gobiernos anteriores no tenían esta visión. La aprobación de esta ley es un proceso para el desarrollo e innovación del país”, apuntó la legisladora.
Antes de emitir un dictamen favorable para que se avalara la propuesta del Gobierno, la Comisión llevó a cabo un proceso consultivo y participativo con todos los sectores involucrados.
La normativa contiene 25 artículos y entrará en vigencia un año después de su publicación en el Diario Oficial. Para el análisis del articulado, los diputados recibieron al presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), Daniel Álvarez, así como a un grupo de expertos de la autónoma para que emitieran su opinión técnica. También compareció al titular de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), Manuel Aguilar.
Asimismo, a la mesa de trabajo acudieron representantes del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía, quienes solicitaron que en la normativa se garantizara la estabilidad laboral de los empleados de la actual Dirección de Hidrocarburos y Minas, del Ministerio de Economía, que pasará a ser parte de la nueva institución.
Entre las disposiciones avaladas por los legisladores está la que establece que la entidad tendrá autonomía administrativa y presupuestaria para el ejercicio de sus funciones y deberes.
También se acordó que algunas funciones que tendrá la Dirección será la formulación, adopción, seguimiento y evaluación del cumplimiento de las políticas, planes y regulación de los sectores de energía, hidrocarburos y minas. Asimismo, autorizará, regulará y supervisará (que incluyen la vigilancia, fiscalización, evaluación, inspección y control) el funcionamiento de quienes participen en las actividades propias de estos sectores.
Los diputados le dieron la facultad de emitir los reglamentos y normas necesarias para el desarrollo de las finalidades de la institución. Representar al Órgano Ejecutivo como máximo ente en materia energética y rectoría de la misma, así como para realizar todos los actos contratos y operaciones que sean necesarios para cumplir con los objetivos que le impongan las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter general.
Con respecto al sector energético, la Dirección estará facultada para elaborar la Política Energética, establecer estrategias y planes indicativos de corto, mediano y largo plazo. Formular, adoptar, dirigir y coordinar la política en materia de generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica.
Además, promoverá el desarrollo tecnológico del sector energético, establecerá estrategias para la satisfacción de la demanda del suministro de energía en las diversas regiones y sectores sociales. Asimismo, requerirá a las instituciones que desarrollan actividades en el sector energético la información pertinente para el cumplimiento de sus funciones; dichas entidades estarán obligadas a entregar los datos solicitados.
La Dirección aprobará y coordinará el cumplimiento de la política nacional en materia de exploración, explotación, transporte, refinación, procesamiento, beneficio, transformación y distribución de hidrocarburos propuesta por la CEL.
Tramitará las concesiones para la exploración y explotación de hidrocarburos propuesta por CEL, previo a su aprobación por la Asamblea Legislativa.
Algunas competencias que tendrá la entidad con respecto al sector de minas serán formular, adoptar, dirigir y coordinar la política nacional en materia de exploración, explotación, transporte, refinación, procesamiento, beneficio, transformación y distribución de minerales.
Regulará los aspectos relacionados con la exploración, explotación, procesamiento y comercialización de los recursos naturales no renovables existentes en el suelo y el subsuelo del territorio salvadoreño. Velar por la protección, preservación y adecuada explotación de las sustancias minerales que se encuentren en el suelo y el subsuelo.
Los diputados dieron sus votos para que el patrimonio de la Dirección esté constituido por los recursos que le transfiera el Estado para el inicio de sus funciones. Los viene muebles e inmuebles que a la fecha de entrada en vigencia de la normativa hubieses sido propiedad del Consejo Nacional de Energía y los que hayan sido propiedad del Ministerio de Economía y se le hayan asignado a la Dirección de Minas e Hidrocarburos y Minas.
Actualmente, el sector energético y eléctrico del país se encuentran dispersos, de acuerdo a las autoridades de CEL y de la SIGET; hay instituciones que por su tipo de creación no son eficientes, ya que unas dependen de cada una de estas autónomas o del Ministerio de Economía. Esto lo que genera es que no haya claridad para promover la inversión ni para la predictibilidad de los precios de la energía.
“Sabemos que El Salvador carecía de una política energética integral. Estamos legislando en favor de la población y buscamos que el sector energético sea eficiente y digno para todos los salvadoreños”, expresó el diputado de Nuevas Ideas, Samuel Martínez.
