Miguel Lacayo no se presentó y volvió a ser convocado debido a que las investigaciones que realiza la mesa legislativa señalan que él era miembro de una fundación que recibió $559,100 provenientes de fondos del Estado, entre 20025 y 2009. Si no se presenta será llamado por apremio.
Miguel Lacayo, exministro de Economía en el gobierno de Francisco Flores, no atendió el citatorio que le hizo la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga el destino de los fondos públicos que las legislaturas pasadas le entregaron a fundaciones y organizaciones con las que algunos diputados tenían vínculos.
El exfuncionario fue citado debido a que las investigaciones que realiza la mesa legislativa señalan que él era miembro de la Fundación Nacional de Arqueología e El Salvador (FUNDAR), que recibió $559,100 provenientes de fondos del Estado entre 20025 y 2009.
Dicha organización, según sus estatutos, se encargaría de conservar los Parques arqueológicos de Cihuatán, Joya de Cerén, San Andrés, Tazumal y Casa Blanca.
La presidenta de la Comisión Especial, Alexia Rivas, manifestó que a Lacayo se le hizo llegar el citatorio con anticipación a la dirección donde reside, pero no se presentó ni envió una justificación.
Además, la diputada recordó que el artículo 56 del Reglamento Interno del Órgano Legislativo establece que la comparecencia y declaración de personas requeridas por las comisiones serán obligatorias, bajo los mismos apercibimientos que se observan en el procedimiento judicial y además, proporcionarán por escrito cualquier información que se les solicite.
“Hago uso de estos canales de comunicaciones para decirle al señor Miguel Lacayo que él está en la obligación de comparecer en esta misma comisión, no es a carácter personal ni discrecional el hecho de asistir o no. Hay un respaldo legal que le obligar a asistir a estas comisiones”, expresó la legisladora Rivas.
La Comisión acordó volver a citar a Lacayo y si no vuelve a presentarse será llevado por apremio, es decir que se pedirá la intervención de la Policía Nacional Civil para que atienda la convocatoria.
La diputada Lorena Fuentes y su compañero Giovanny Zaldaña señalaron que el exministro de Economía además de estar involucrado en casos de corrupción también es responsable en el daño ambiental causado por la contaminación por plomo provocado por la empresa Baterías de El Salvador, propiedad de la familia Lacayo, en el cantón Sitio del Niño, en San Juan Opico, La Libertad.
En ese lugar, más de siete mil personas, entre habitantes y empleados de la fábrica, presentaron afectaciones de salud por las emanaciones de sustancias industriales y que, de acuerdo a las investigaciones, dejaron al Estado un daño patrimonial de $4 mil millones.
El exfuncionario también respaldó políticas que afectaron a los salvadoreños y solo beneficiaron a determinados grupos económicos y a mimebros del partido ARENA, entre ellas la dolarización y el Tratado de Libre Comercio (TLC).
