Desde 1985, cuando el ISSS efectuó el primer trasplante de riñón, se han llevado a cabo menos de mil procedimientos de este tipo, cifra que países como España cubre en solo tres meses. En 21 años en el Hospital Bloom solo se han efectuado 45.
Diputados que integran la Comisión de Salud presentaron una nueva propuesta de “Ley especial sobre trasplante de células, tejidos y órganos humanos”, la cual busca solventar los vacíos legales que la vieja legislatura dejó en la actual norma vigente.
La antigua ley, promovida por el actual diputado del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) por el partido ARENA, Norman Quijano; y por el exdiputado del PDC, Rodolfo Parker, hacía del trasplante de órganos un negocio para el sector privado y daba lugar al tráfico de órganos. La norma vigente fue observada por el Presidente de la República, Nayib Bukele.
“Todo trasplante en el sector privado, los costos de recuperación tanto del receptor como del donador, los asumiría el sistema público de salud. Ellos crearon la ley a partir de los intereses privados y no escucharon a la población salvadoreña que esperaba por un trasplante”, detalló el diputado de la bancada cyan, José Urbina.
Además, la lista de espera de pacientes era arbitraria, no en orden correlativo. Así, una persona con poder económico e influencias podría alterar el orden de la lista de espera para tener prioridad para recibir un órgano.
Otro de los vacíos de la antigua legislación es que no cerró las puertas a los establecimientos que se dedican al comercio ilegal de este tipo de tejidos. Asimismo, las penas para quien no diera información clara a los pacientes a quienes se les extraía un riñón, eran desde uno hasta 20 salarios mínimos, igual que para quienes hicieran esta práctica sin informar a la autoridad competente, lo que abría espacios para el comercio ilegal.
En cuanto a la institución encargada de supervisar, se designó a las Juntas de Vigilancia de la Profesión Médica (JVPM), del Consejo Superior de Salud Pública (CSSP), reflejando un claro conflicto de intereses al estar ligadas al sector privado.
El diputado Urbina destacó que estos vacíos se abordan de forma integral en la nueva ley a través de nueve áreas desde las que se busca facultar como autoridad al Centro Nacional de Trasplante (CNT), que será creado a partir de la entrada en vigencia de la normativa que estará ligada y regida por el Sistema Nacional de Salud.
Uno de los ejes de la ley es la equidad para que todos los pacientes, independientemente de su realidad económica y social, tengan acceso a un trasplante, si así lo necesitan.
Además, se enfoca en una visión humana centrada en ellos, de esta manera el CNT incluirá una representación de los pacientes afectados para que tengan voz y voto en las decisiones que se tomen de cara a su salud.
También se plantea una reducción de costos para el Estado. “Un año de tratamiento de hemodiálisis para un paciente, al Estado le cuesta $20,000 ($200,000 en 10 años), si a ese paciente se le hace trasplante el costo para el Estado, en 10 años, será de $60,000, es un ahorro de $140,000 por paciente”, explicó el legislador.
Esta ley también busca aumentar la disponibilidad de tejidos y células, con base a donaciones voluntarias no remuneradas, ya que se trata de un acto altruista. “Un solo donador puede salvar hasta ocho vidas e impactar a 50 familias”, destacó.
La iniciativa presentada incluye a donantes fallecidos. Hasta la fecha, en el país solamente se ha trabajado con donantes vivos; la ventaja de incluir a donantes muertos es que la mayaría de órganos pueden utilizarse para dar una oportunidad de vida a más personas.
Además, se cierran las puertas al comercio ilegal de órganos, ya que se considera que el 10 % de los trasplantes hechos en el mundo provienen de esta práctica. Los países más vulnerables son los que están en vías de desarrollo y que tienen marcos jurídicos débiles, como ha sucedido con El Salvador hasta hoy.
Para evitar esto, se establecen mecanismos de vigilancia y control de los establecimientos que llevan a cabo trasplantes. La normativa también suprime el conflicto de interés al ser árbitro las juntas de vigilancia de la profesión médica del CSSP, ya que el CNT pasaría a tomar esta función.
“Buscamos preparar a El Salvador para el futuro. Expertos aseguran que la cirugía más solicitada en los siguientes 20 años será el trasplante de órganos. Este será un acto de justicia, no es posible que este negocio se haya dado al sector privado”, enfatizó.
En el país, desde 1985 que se realizó el primer trasplante de riñón en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), hasta la fecha, se han efectuado menos de 1,000 trasplantes, cifra que se logra en solo tres meses en países como España.
En el Hospital de Niños “Benjamín Bloom”, desde el año 2000 hasta hoy se han llevado a cabo solo 45 trasplantes. Los únicos dos hospitales facultados para estos procedimientos son el Bloom y el Médico Quirúrgico (MQ), del ISSS.
