La FGR acusa a los diputados José Ilofio García y a Gerardo Aguilar de cometer el delito de Cohecho Impropio, mismo que se encuentra normado en el artículo 331 del Código Penal. Será el pleno legislativo que decidirá si se les retira el fuero a los funcionarios.
Luego de haber ejecutado un proceso facultado por la ley, los diputados de la Comisión Especial de Antejuicio emitieron un dictamen favorable para desaforar a José Ilofio García y a Gerardo Aguilar, ambos elegidos como diputados propietarios de Nuevas Ideas, por el departamento de Cabañas y San Vicente, respectivamente.
Los legisladores tomaron esa decisión tras el desarrollo de la etapa de alegatos de los hechos (locución de argumentos lógicos y jurídicos), por parte de los diputados fiscales y los defensores de ambos acusados de conspirar para dividir a la bancada cyan.
“Hay elementos suficientes para determinar que los dos diputados cometieron el delito señalado, por eso propongo emitir un dictamen favorable de que sí hay formación de causa para desaforarlos”, dijo el diputado presidente de la comisión, William Soriano.
Los miembros de la mesa de trabajo alzaron sus manos para apoyar la propuesta del legislador Soriano. El dictamen será llevado ante el pleno, en la próxima sesión, para someterlo a votación.
El proceso del caso que llevó al dictamen favorable
Para deliberar el caso, la comisión recibió a las partes involucradas en el caso: testigos, peritos, defensa de García y de Aguilar y a personal de la Unidad de Análisis de Información de la Fiscalía General de la República (FGR).
“Hemos estado analizando los hechos para determinar si procede un desafuero o no, luego las autoridades competentes realizarán el debido proceso”, comentó la diputada Dania González, minutos antes de la votación para anunciar el dictamen. “Antes entre corruptos se defendían, pero nosotros no haremos eso”, agregó.
En esa misma línea, su colega Alexia Rivas, quien fungió como la parte fiscal, expresó: “En Nuevas Ideas no se tolera la traición, no vamos a ser tapadera de nadie. No nos vamos a comportar como ARENA, que protegió a Norman Quijano, pese a hacer pacto con pandillas”.
La legisladora Rivas consideró que García y Aguilar traicionaron a sus equipos de trabajo, a sus electores y a los que confiaron en ellos, en la búsqueda de sus intereses personales e individuales. Además, señaló que ambos intentaron socavar el trabajo que ha ejecutado Nuevas Ideas durante los más de siete meses que tienen frente a la Asamblea Legislativa.
“Les ofrecieron un millón de dólares para romper la unidad de Nuevas Ideas y el ofrecimiento de una ciudadanía de Estados Unidos, ¿cuál es el beneficio para la población salvadoreña?”, cuestionó la diputada fiscal.
Con notoria indignación, el legislador Soriano explicó: “Una visa o una ciudadanía jamás será motivo para traicionar al pueblo salvadoreño. El ejemplo se da desde adentro y en campaña la población nos pidió no fallarles”.
La FGR acusa a los diputados García y Aguilar de cometer el delito de Cohecho Impropio, mismo que se encuentra normado en el artículo 331 del Código Penal, y que establece que: “El funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública, que por sí o por persona interpuesta, solicitare o recibiere una dádiva o cualquiera otra ventaja indebida o aceptare la promesa de una retribución de la misma naturaleza, para realizar un acto propio de sus funciones o por un acto ya realizado propio de su cargo, será sancionado con prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial del cargo o empleo por igual tiempo.”
El origen del caso en contra de ambos legisladores
Los diputados García y Aguilar, de acuerdo a las evidencias, negociaron prebendas a cambio de votar en el pleno en contra de los principios de democracia, transparencia y bienestar de los salvadoreños que abandera el partido Nuevas Ideas.
En este caso, José Rogelio García Castro, conocido como José Roy García y quien era secretario nacional de salvadoreños en el exterior y asuntos migratorios de Nuevas Ideas, les ofreció beneficios económicos a cambio de aceptar la propuesta.
Precisamente, ambos diputados recibirían –según los audios que circularon hasta en redes sociales- un millón de dólares y la ciudadanía de Estados Unidos.
Roy es acusado del delito de cohecho activo en perjuicio de la administración pública, por lo que un juzgado de San Salvador decretó instrucción formal del proceso con detención provisional en su contra.
El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, presentó ante el Primer Órgano de Estado una solicitud de antejuicio y petición de desafuero en contra de los imputados, por lo que la Asamblea Legislativa procedió a nombrar a los diputados de la Comisión Especial e iniciar las investigaciones para determinar si hay formación de causa para desaforarlos.
