De acuerdo con la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), los procesos de contratación en el Gobierno deben estar sujetos a licitación pública.
La Comisión Especial que Investiga la Entrega de Fondos a ONG entrevistó al rector de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), Andreu Oliva, porque dicha institución recibió millones de dólares provenientes de fondos públicos, desde el 2011, durante los gobiernos del FMLN.
Esta casa de estudios recibió en total, de 2011 a 2020, $30.1 millones, sin que existiera un proceso de licitación como lo estable la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), es decir, el contrato fue otorgado directamente a la UCA sin que entrara a competencia con otras instituciones bajo términos de referencia.
“Cómo logró ser la UCA tomada en cuenta por el Ministerio Educación para ser implementadora de estos proyectos o qué procedimiento se siguió”, cuestionó la presidenta de la comisión, Alexia Rivas.
Ante ello, Oliva respondió que no hubo procedimiento a aplicar porque la UCA “es una universidad acreditada y reconocida por la sociedad y por estar implicada en el proceso de educación”, mencionó.
Sin embargo, no existen excepciones en la ley a la hora de aplicar los procedimientos establecidos que buscan velar por la transparencia en la adjudicación de contratos en la administración pública.
Este dinero fue utilizado, de acuerdo a los contratos, para ejecutar proyectos educativos en el país, sin embargo, los diputados señalaron que no existen transformaciones palpables en el sistema derivadas de estos programas realizados con los $30.1 millones.
Aunado a esta irregularidad, la UCA ha estado implicada en inversiones ajenas al rubro educativo, de lo cual no hay claridad de la proveniencia de los fondos utilizados para efectuarlas.
“Según información que tenemos, para el 2020 la UCA tenía una participación de $250 mil en una empresa de energía renovable […] También tiene inversiones en una microfinanciera”, dijo el diputado Caleb Navarro.
Pese a que Oliva negó que los $30.1 millones fueran donativo y tampoco aceptó haber recibido dinero de otras instituciones, fue confrontado por el diputado Carlos Bruch con documentos que hacen constar que la UCA recibió donaciones de varias empresas, entre ellas, Banco Agrícola, AFP Crecer y Sherwing Williams.
Además del dinero recibido por la Asamblea, otros donativos varios suman más de un millón de dólares.
