La normativa tendrá como pilares los principios de verdad, justicia garantía de no repetición de los hechos y reparación a las víctimas.
Los diputados de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos recibieron a la subdirectora de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, Laura Aguilar, para abordar la elaboración de la Ley de Justicia Transicional.
Aguilar explicó que, como parte de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se han destinado, para este año 2022, más de $6 millones para las víctimas del Mozote.
Asimismo, para las víctimas del conflicto armado en general se cuenta con una partida presupuestaria de $2 millones que será ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Local (MINDEL).
Al ser aprobada esta ley, la Asamblea Legislativa solicitará al Ministerio de Hacienda la asignación de fondos para que se puedan poner en marcha las acciones destinadas a resarcir el daño ocasionado a las víctimas del conflicto armado.
“En el esfuerzo que ha hecho el Ejecutivo en este tema podemos ver marcada la diferencia de la voluntad del Presidente Bukele, a diferencia de otros gobiernos. Del 2019 hacia atrás, no hemos visto que se ha hecho nada para generar esa reparación”, señaló la presidenta de la comisión, Rebeca Santos.
La diputada señaló que la pasada legislatura elaboró un proyecto de ley para resarcir daños a las víctimas, sin embargo, fue vetado por el Presidente Nayib Bukele.
“Crearon una ley que no hemos retomado porque cuando fue vetada por el Presidente Bukele en 2020 fue por no cumplir requisitos, porque las mismas personas que cometieron los crímenes de guerra eran los que formaban parte de esta Asamblea, obviamente su interés era salir bien librados de los delitos que cometieron”, lamentó la legisladora.
Además, criticó que temas de gran importancia en materia de derechos humanos, como la justicia para las víctimas del conflicto armado, se discutían en la Comisión Política, lo cual refleja que el interés no era el bienestar de las personas.
En la sesión de la comisión también se tuvo como invitados a representantes de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), quienes coincidieron en que la nueva legislación debe reposar bajo los principios de verdad, justicia, garantía de no repetición y reparación.
El trabajo efectuado por la mesa legislativa es parte de la etapa consultiva en la que se está recibiendo a diferentes instituciones y organizaciones para la construcción de la normativa.
“El objetivo es que posterior a etapa consultiva formemos una mesa intersintitucional para crear una ley integral e inclusiva en beneficio de la población”, manifestó la presidenta de la comisión.
