Luego de escucharla ponencia de un médico salvadoreño radicado en París, Francia, quien es coordinador de una agencia de trasplantes en ese país, los legisladores terminaron de recabar insumos y comenzarán a elaborar el articulado.
Para continuar fortaleciendo los estudios de la formación de una nueva Ley Especial Sobre Trasplante de Células, Tejidos y Órganos Humanos, los diputados de la Comisión de Salud escucharon la última ponencia de expertos en la temática.
Con esto, los integrantes de esa mesa de trabajo concluyeron la etapa de recabar insumos para complementar en el articulado que está en el proceso de creación por esta nueva legislatura.
Hoy, el doctor Alberto Quijano Amaya, responsable de la Unidad de Coordinación de Trasplantes de Médula Ósea de la Agencia Francesa de Trasplantes en París, Francia, expuso la experiencia que han tenido pacientes en esa nación.
Además, el profesional explicó la importancia de un trasplante, los beneficios, los riesgos de estas intervenciones y ahondó en otros puntos que les permitirán a los parlamentarios a recabar más propuestas que robustecerán el articulado.
Anteriormente, los legisladores escucharon a otros expertos internacionales en el tema, procedentes de Argentina, México y España.
“Se están preparando los proyectos y acciones para poder darles respuestas a pacientes que nunca han podido tener acceso a un trasplante”, aseguró el diputado José Urbina. “Incluimos la opinión de expertos nacionales e internacionales, las experiencias de pacientes que han necesitado o que aún necesitan este tipo de procesos”, agregó.
En esta sesión, la directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Mónica Ayala, participó como oyente, pero días atrás ella también aportó sus observaciones como representante de esa institución.
La normativa que pretenden implementar, una vez sea expuesta y aprobada en el pleno, cubre nueve áreas y uno de esos ejes es la equidad para que todos los pacientes, independientemente de su realidad económica y social, tengan acceso a un trasplante, si así lo necesitan.
Asimismo, una vez entrada en vigencia la ley se contempla la creación del Centro Nacional de Trasplante (CNT), que estará ligado y regido por el Sistema Nacional de Salud. Este incluirá una representación de los pacientes afectados para que tengan voz y voto en las decisiones que se tomen de cara a su salud.
Por otro lado, la iniciativa presentada incluye a donantes fallecidos. Hasta la fecha, en el país solamente se ha trabajado con donantes vivos; la ventaja de incluir a donantes muertos es que la mayoría de órganos pueden utilizarse para dar una oportunidad de vida a más personas.
Además, se cierran las puertas al comercio ilegal de órganos, ya que se considera que el 10 % de los trasplantes hechos en el mundo provienen de esta práctica. Los países más vulnerables son los que están en vías de desarrollo y que tienen marcos jurídicos débiles, como ha sucedido hasta hoy en El Salvador.
Las deficientes cifras actuales
En el país se realizó el primer trasplante de riñón en el ISSS en 1985 y, hasta la fecha, se han efectuado menos de 1,000 trasplantes, cifra que se logra en solo tres meses en países como España.
“Desde hace 26 años no se ha logrado concretar nada hasta hoy. Es triste saber que en ese tiempo se inició la unidad de trasplante, pero nunca se hizo nada”, indicó la directora Ayala. “Se desperdició todo este tiempo y el personal capacitado para ello ya hasta se ha jubilado”, agregó.
En el Hospital de Niños “Benjamín Bloom”, desde el año 2000 hasta hoy se han llevado a cabo solo 45 trasplantes. Los únicos dos hospitales facultados para estos procedimientos son el Bloom y el Médico Quirúrgico (MQ), del ISSS.
Esta ley también busca aumentar la disponibilidad de tejidos y células, con base a donaciones voluntarias no remuneradas, debido a que se trata de un acto altruista. Un solo donador puede salvar hasta ocho vidas e impactar a 50 familias, según los estudios.
Con el tema del costo, también se plantea una reducción de los mismos para el Gobierno. Un año de tratamiento de hemodiálisis para un paciente, al Estado le cuesta $20,000 en 10 años, si a ese paciente se le hace trasplante el costo para el Estado, en ese mismo tiempo, será de $60,000, es un ahorro de $140,000 por paciente.
Trasplante de órganos, un negocio para el sector privado
Actualmente, existe una norma vigente referente a la temática, pero esta contiene diversos vacíos legales que no fueron solventados por la legislatura anterior
La antigua ley, promovida por el actual diputado del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) por el partido ARENA, Norman Quijano; y por el exdiputado del PDC, Rodolfo Parker, hacía del trasplante de órganos un negocio para el sector privado y daba lugar al tráfico de órganos.
De acuerdo a lo que plasma el articulado a suplir, los costos de recuperación -tanto del receptor como del donador- los asume el sistema público de salud, aunque el trasplante fuera hecho en el sector privado.
Es por ello que los legisladores de la bancada de Nuevas Ideas consideran que crearon la normativa para beneficiar intereses privados y no escucharon a la población que esperaba por un trasplante.
Además, la lista de espera de pacientes era arbitraria, no en orden correlativo. Así, una persona con poder económico e influencias podría alterar el orden de la lista de espera para tener prioridad para recibir un órgano.
Otro de los vacíos de la antigua legislación es que no cerró las puertas a los establecimientos que se dedican al comercio ilegal de este tipo de tejidos. Asimismo, las penas para quien no diera información clara a los pacientes a quienes se les extraía un riñón, eran desde uno hasta 20 salarios mínimos, igual que para quienes hicieran esta práctica sin informar a la autoridad competente, lo que abría espacios para el comercio ilegal.
En cuanto a la institución encargada de supervisar, se designó a las Juntas de Vigilancia de la Profesión Médica (JVPM), del Consejo Superior de Salud Pública (CSSP), reflejando un claro conflicto de intereses al estar ligadas al sector privado.
