La nueva normativa presenta varias novedades, entre ellas, que se cambia el concepto de autoridad parental por el de responsabilidad parental, para poner al centro de la familia los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Los diputados que integran la Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad recibieron a representantes del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CONNA), Fiscalía General de la República (FGR), Procuraduría General de la República (PGR) y un magistrado de niñez.
Los legisladores abordaron las novedades que presenta el ateproyecto de Ley Crecer Juntos respecto a las deficiencias y vacíos que contiene la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA).
La LEPINA, pese a tener 13 años de vigencia, nunca garantizó la protección de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA), esto desencadenó en un aumento de la violencia, un problema social que aborda la nueva normativa con una perspectiva de prevención, poniendo al centro los derechos de la niñez y adolescencia.
“Se valoraron elementos para transversalizar los enfoques y ver a los niños en el centro, como sujetos de derecho. Lo que se está haciendo es lo que no se hacía con la LEPINA, porque es adultocentrista”, dijo la directora ejecutiva del CONNA, Aracely de Morán.
La funcionaria detalló el proceso llevado a cabo para la construcción de la normativa, en la que participaron NNA, agencias de cooperación, familias usuarias, juntas de protección, empresas privadas, colegios y escuelas bilingües y no bilingües, asociaciones y fundaciones, autoridades del Sistema Nacional de Protección y Consejo Superior del Trabajo (CST).
“No ha sido una ley que se haya creado antojadizamente. Ha llevado un proceso de aproximadamente un año, ha contado con una metodología para su puesta en exposición y con consultas a diferentes sectores de la población que son los beneficiarios y los aplicadores de la norma”, agregó la funcionaria.
En 2021, fue conformado el comité técnico para hacer una revisión de la LEPINA, desde ahí se partió para hacer una ley integral que abarque los aspectos en los que la LEPINA fue deficiente. Se conformaron ocho mesas de trabajo con 65 representantes de 21 instituciones del Sistema Nacional de Protección ampliado.
La nueva normativa incluye aspectos sobre el entorno digital, que está a tono con el contexto que viven y vivirán las presentes y futuras generaciones.
También se aborda el tema de protección de las niñas y adolescentes embarazadas, porque siempre han sido excluidas. Esta fue una recomendación de los jóvenes que integraron las mesas de trabajo.
Por otra parte, la LEPINA fue observada en más de una oportunidad por el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“El comité ha observado en varias ocasiones que hay una insuficiente aplicación de la LEPINA y en particular del Sistema Nacional de Protección. Hemos analizado el informe cinco y seis (del Comité) y ha emitido recomendaciones”, dijo la representante de la Procuraduría General de la República (PGR), Cecilia Hernández.
A este respecto, subrayó que el informe, emitido en 2018, expresa la preocupación de las autoridades de la ONU porque un estudio de 2014 reveló que el 40% de los niños salvadoreños sufrían castigos corporales en el hogar.
“Se ha visto un salto de calidad en la nueva ley respecto a la integridad personal”, mencionó Hernández.
Ella destacó que el anteproyecto de Ley Crecer Juntos, en su artículo 62, da la obligación al Estado de promover pautas de crianza participativas y no violentas.
La funcionaria también resaltó que la normativa tiene un enfoque transversal de inclusión. En su artículo 70, reconoce que el Estado debe garantizar la construcción de espacios accesibles, respecto a la libertad de tránsito y movilidad.
Al tener al centro las necesidades de los NNA y anular el enfoque adultocentrista, la ley cambia el concepto de autoridad parental por el de responsabilidad parental.
Entre otras novedades de la normativa, se encuentra que los NNA pueden ejercer sus derechos ante la justicia, sin dependencia de padre o madre.
“Al ser víctima de un hecho, el niño puede acudir por sí mismo a interponer su denuncia. Hay casos en donde los agresores están en su entorno familiar, ese entorno no le permite acceder a su derecho a la justicia. Es novedoso y lo vemos que será un elemento tan importante para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes que son uno de los grupos más vulnerables del país”, expuso la representante de la Fiscalía General de la República (FGR), Cecilia Pineda.
Para este proceso legal, los NNA también pueden nombrar un apoderado que presente las demandas en su nombre, explicó el magistrado de niñez, Alex Marroquín.
“Se mejora el tema de la capacidad jurídica procesal, porque queda clara la idea de que hay una regla general que establece que de 14 años en adelante pueden nombrar apoderados y presentar demandas. Esto va a tono con la autonomía progresiva”, manifestó el magistrado.
Si antes de los 14 años los NNA presentan la madurez como para hacer este proceso, la ley establece que puede permitirse.
Durante las próximas semanas, los diputados continuarán discutiendo el anteproyecto con instituciones involucradas en la protección de los NNA, con el fin de aprobar oportunamente la ley y saldar una deuda histórica con este sector de la población.
