Este ecosistema incluye el refuerzo presupuestario para la ejecución de programas de primera infancia desde diferentes instituciones del Estado, así como la educación de niñas, niños y adolescentes para el empoderamiento sobre sus derechos.
La Comisión de la Familia continúa escuchando a diferentes sectores que se relacionan a la protección de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA), para hacer un estudio a fondo y expedito sobre el anteproyecto de Ley Crecer Juntos para la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia.
Los legisladores recibieron al viceministro de Hacienda, Jerson Posada, quien informó que la normativa en estudio contempla la creación de dos instituciones que velarán por el bienestar de la primera infancia, niñez y adolescencia.
Se trata del Consejo Nacional de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia (CONAPINA), y el instituto Crecer Juntos, que regulará el tema de primera infancia en el país
Ambas entidades serán autónomas, contarán con presupuesto propio y estarán adscritas al Ministerio de Educación, Ciencia y tecnología (MINEDUCYT), para coordinación presupuestaria con otras instituciones del Estado que también ejecutarán programas orientados a la primera infancia, niñez y adolescencia.
“La ley impone una obligación al Estado, de invertir, transversalmente, en la primera infancia. Representa una novedad y un avance para el país, porque implica que todas las instituciones tienen que trabajar coordinadas para mejorar la calidad de vida de todos los salvadoreños desde la concepción. En todos los presupuestos de las instituciones debe haber programas orientados a la atención de la primera infancia, niñez y adolescencia”, afirmó el viceministro de Hacienda.
El CONAPINA surgirá de una fusión entre el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia (ISNA), y del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CONNA), esto implica que el trabajo de ambas instituciones será reforzado.
El funcionario explicó que no se trata de una supresión de plazas, sino de la fusión del trabajo para que sea más articulado. En ese sentido, aseguró que no se hará ningún despido.
La educación integral de la sexualidad es un derecho de la niñez y adolescencia
La nueva normativa contempla la formación de los NNA en educación integral de la sexualidad, con el objetivo de actuar de manera preventiva, desde en un enfoque de derechos, no para la promoción de relaciones sexo coitales.
“No es, en ningún momento, que se estén promoviendo relaciones sexuales temperas, sino que estamos hablando de un enfoque de educación en la sexualidad, incluso para determinar cuándo se vive una conducta inadecuada como el acoso y abuso sexual. Son distintos enfoques según las etapas de crecimiento, no se les puede dar el mismo contenido en todos los grados. Esto abarca la parte educativa y física, pero no quita la obligación de cada grupo familiar de reforzar valores y conductas que en cada familia se determinen”, aclaró la presidenta de la comisión, Suecy Callejas.
La diputada añadió que no se trata de quitar a los padres el derecho de educar en valores a sus hijos, sino de reforzar la instrucción para que NNA tengan la capacidad de tomar decisiones asertivas, con inteligencia emocional.
Su compañera de bancada, Lorena Fuentes, hizo hincapié en el punto anterior: “Es un trabajo articulado, el esfuerzo de la familia no está solo, hay un Estado atrás acompañando el esfuerzo, para que nuestros niños no sean abusados por la ignorancia”.
El ministro de Educación, Mauricio Pineda, manifestó que este tema siempre ha sido un tabú, por ello hay mucha desinformación en la niñez y juventud, porque la obtienen de la calle y no en casa ni en la escuela.
“Es demasiado lo que nuestros jóvenes están pasando por no tener una adecuada información con respecto a su cuerpo, les cuentan información tergiversada dentro de la sociedad”, señaló el funcionario.
Se prevé que con la educación en este tema bajen los índices de embarazos en las niñas y adolescentes, ya que al conocer que no están preparadas ni física, ni emocional ni económicamente para tener un bebé sean capaces de tomar decisiones responsables.
La ley también es inclusiva, por lo que se frenan las prácticas de expulsión a niñas y adolescentes en escuelas públicas y colegios privados. “El sistema educativo que estamos promulgando es inclusivo, no hay situación que provoque que algún centro educativo lo deje fuera (a la niña o adolescente)”, manifestó.
