El anteproyecto de ley se basa en la Constitución de la República y cumple con las observaciones emitidas por el Comité de los Derechos del Niño en 2018.
El estudio de la propuesta de Ley Crecer Juntos para la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia culminó con la participación del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Plan Internacional, Visión Mundial, magistrados de Cámara de Familia y de Niñez y Adolescencia.
“Reconocemos la importancia de mantener los marcos legales actualizados y adaptados, para su adecuación a los estándares internacionales en la materia”, dijo Neus Bernabeu, representante de UNFPA.
Bernabeu destacó la trascendencia de la legislación en construcción, considerando que del total de la población de El Salvador el 29% la constituyen Niñas, Niños y Adolescentes (NNA), equivalente a un millón 900 mil personas.
Resaltó que la normativa visibiliza la condición de las niñas y adolescentes embarazadas. Dijo que, en el país, anualmente se registran 12,500 embarazos en niñas y adolescentes de 10 a 18 años, por lo que calificó de positiva la inclusión de educación sexual en las escuelas, ya que se ha comprobado científicamente que esto reduce la incidencia de los embarazos.
También destacó que la propuesta de ley garantiza la protección de NNA contra toda forma de violencia sexual, lo cual está en línea con el punto cinco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Asimismo, felicitó el esfuerzo por dar cumplimiento a las observaciones hechas por el Comité de los Derechos del Niño en 2018 a El Salvador, las cuales señalaron una insuficiente aplicación de la Ley de Protección integral para la Niñez y Adolescencia (LEPINA).
EL comité recomendó al país asignar los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para la aplicación de la legislación, así como revisar las disposiciones sobre los procedimientos administrativos y judiciales para garantizar el acceso de los niños a los servicios de protección y a la justicia.
Además, hizo sugerencias sobre la adopción de medidas urgentes respecto al derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, los niños afectados por las maras, la violencia de género, la explotación y los abusos sexuales, la salud de los adolescentes, el nivel de vida y la educación.
Todos estos aspectos son retomados en el documento, para garantizar la protección de los derechos de NNA.
Este punto fue reforzado por la representante de Plan Internacional, Anabel Amaya, quien, a su vez, destacó que la ley es de carácter especial y, por lo tanto, está por encima del resto de legislaciones.
Por su parte, Laura Valle, de Visión Mundial, calificó de positivo que la normativa retome los estándares internacionales. “Reconocemos que es una adecuación a los parámetros internacionales y a las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, en sus informes cinco y seis combinados, de 2018”, dijo.
La mesa de trabajo también escuchó las opiniones de magistrados de Cámara de Familia y de Niñez y Adolescencia, quienes también tuvieron participación en la construcción de la normativa en estudio.
De esta forma la Comisión de la Familia finalizó la fase de consultas del anteproyecto de Ley Crecer Juntos, que contó con la participación de representantes del Despacho de la Primera Dama, Gabriela de Bukele; Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CONNA), Procuraduría General de la República (PGR), Fiscalía General de la República (PGR), Ministerio de Salud (MINSAL), Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT) y Ministerio de Hacienda.
Así mismo, se contó con los aportes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), EDUCO, Aldeas SOS, Save The Children, Proyecto RED, Representantes legales de empresas privadas, magistrados de Cámara de lo Civil, de Familia y de Niñez y Adolescencia, entre otros.
La siguiente fase consiste en la incorporación de las observaciones hechas por estas entidades a un promedio de 30 artículos, que constituyen el 10% de toda la ley.