Para hacer efectivas estas reparaciones, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron la Ley Especial Transitoria de Registro Único de Víctimas y Familiares, con la que se busca dignificar a las personas contra las que se cometieron crímenes de lesa humanidad.
Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 64 votos, la Ley Especial Transitoria para Establecer el Estado Familiar, Filiación y Nacimiento o Muerte de Víctimas de las Masacres de El Mozote y Lugares Aledaños, que tiene como objetivo honrar la memoria de los habitantes de Morazán contra los que se cometieron crímenes de lesa humanidad, en diciembre de 1981.
Con la normativa, que contiene 29 artículos y que estará vigente por tres años, los legisladores buscan facilitar la tramitología para que los sobrevivientes de esos hechos de sangre puedan demostrar —mediante procedimientos administrativos y de jurisdicción voluntaria excepcionales, ágiles y flexibles— su identidad o el parentesco con las víctimas, lo que les permitirá acceder a las reparaciones dispuestas en la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 25 de octubre de 2012.
En su resolución, la CIDH ordenó al Estado salvadoreño a pagar una indemnización por concepto de daño material e inmaterial a las víctimas de ejecución extrajudicial, las víctimas sobrevivientes de las masacres y a los familiares de las víctimas ejecutadas.
Para ello estableció que el pago debía efectuarse en cuotas anuales equivalentes en el período de cinco años, contados a partir de la notificación del fallo y que en caso que se incurriera en mora, debía pagar un interés sobre la cantidad adeudada correspondiente al interés bancario moratorio en el país.
Sin embargo, durante 41 años, los gobiernos anteriores se negaron a cumplir la sentencia del organismo internacional, pero la actual legislatura, con el trabajo coordinado con el Órgano Ejecutivo, saldó esa deuda histórica.
Los legisladores de Nuevas Ideas y miembros de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Samuel Martínez y Rebeca Santos, señalaron que la aprobación de la normativa debió hacerse hace mucho tiempo, pero no se hizo porque no existió una verdadera voluntad política.
“Con la aprobación de hoy, esperamos ampliar el registro de las víctimas debido a que, en el pasado, no hubo voluntad para resolver a favor de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Ahora, tomamos la decisión de acelerar esta iniciativa porque los afectados de El Mozote ya no deben esperar más”, expresó Santos.
Mientras que el diputado Jorge Castro añadió que “el espíritu del proyecto” es beneficiar, de manera operativa a las personas que fueron ejecutadas por el Ejército y a sus familiares.
“Esta es una situación extraordinaria, muchas personas se quedaron sin su documentación. Tenemos que solucionar este problema jurídico. El Registro Único de Víctimas establece la incorporación y la seguridad jurídica de las mismas”, manifestó Castro.
Según las investigaciones de la Comisión de la Verdad, el organismo de la ONU creado para investigar los hechos de violencia cometidos, durante la guerra civil salvadoreña, durante en El Mozote y caseríos aledaños fueron ejecutadas 978 personas, 553 eran menores de edad.
Posteriormente, el Estado salvadoreño informó que las víctimas fueron 1,658, ya que se tomó en cuenta a los familiares de los asesinados, a los sobrevivientes y a los desplazados.
Este hecho ha sido considerado como la peor masacre del Hemisferio Occidental en tiempos modernos y se ha convertido en el mayor acto de violencia contra la población civil cometida por agentes gubernamentales.
Las atribuciones del RUV
El Registro Único de Víctimas y Familiares (RUV) será remitido al Ministerio de Gobernación y estará a cargo de un Consejo Directivo integrado por delegados de Gobernación, Relaciones Exteriores, Economía, Registro Nacional de las Personas Naturales, asociaciones de víctimas y la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote.
Las atribuciones del RUV será la de organizar y dirigir el registro, evaluar y resolver las peticiones de las víctimas que soliciten su inclusión al registro, ordenar las modificaciones necesarias o la eliminación de duplicidad de asientos de partidas, las cuales serán inscritas en el Registro del Estado Familiar correspondiente y al Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN).
