Por primera vez, se pretenden establecer cargos máximos para terminales de puntos de ventas (Point Of Sale o POS por sus siglas en inglés). La normativa se aplicaría a las instituciones financieras y a proveedores que ejecutan cobros a través de esos dispositivos electrónicos. Con esto se busca seguir fomentando la inclusión financiera y la bancarización.
En la búsqueda continua de la inclusión financiera, diputados de Nuevas Ideas presentaron una iniciativa para que la Comisión Financiera pueda estudiar la creación de una Ley Especial para el Establecimiento de Comisiones Máximas para Terminales de Puntos de Ventas, como los Point Of Sale (POS por sus siglas en inglés).
Los POS son un dispositivo que en un establecimiento comercial permite gestionar tareas relacionadas con la venta, pues da paso a los respectivos cobros por medio de tarjeta de crédito y débito.
Por primera vez, los legisladores pretenden generar una regulación de rango de ley que establezca un marco para este medio de pago, que es sumamente usado por la población salvadoreña.
“Cada vez que hacemos un pago de productos o servicios con una tarjeta de crédito o débito se genera una alta comisión que la termina pagando las micro o pequeñas empresas, los emprendedores e incluso hasta los mismos clientes”, aseguró la presidente a la Comisión Financiera, Dania González.
La ley –que pretende contener 18 artículos- se aplicará a las instituciones del sistema financiero y a los proveedores complementarios que ejecutan cobros con estas terminales.
Según la propuesta de los legisladores, se establecería una comisión máxima de intercambio porcentual del 2.0% (lo que le cobran a la banca por prestar el servicio) y una comisión máxima de adquirencia porcentual del 2.50% (lo que cancela el comerciante al banco por el uso del servicio).
De no cumplir con lo anterior, se sancionará con una multa muy grave que abarca desde los 100 hasta los 600 salarios mínimos del sector comercio y servicios.
“En la mayoría de países de América Latina este tipo de comisiones están reguladas y en El Salvador existe un vacío de ley. No podemos permitir que existan esas injusticias, sobre todo en un momento de crisis económica a nivel mundial”, argumentó la parlamentaria González.
De acuerdo a información brindada por el Banco Central de Reserva (BCR), muchos países de la región manejan tasas bajas, como es el caso de México (2.95%), Argentina (2.0%), Costa Rica (2.24%), Brasil (2.63%) y Chile (1,56%).
Incluso, países como España (0.40%), Alemania (0.90%), Italia (0.90%) y Nueva Zelanda (1.38%) también sostienen porcentaje bajos.
En El Salvador, estas tasas de cobro por este tipo de medio electrónico podría llegar hasta un 7.80%, por lo que los legisladores consideran que es demasiado alta y que por falta de voluntad política no ha sido regulada.
“¿Cuántos diputados han pasado por esta Asamblea Legislativa y nunca pudieron regular las comisiones que se cobran por usar un POS? Muchos y nadie realizó ningún tipo de trabajo a favor de la población”, comentó el diputado Caleb Navarro.
Los beneficios que atraerían la nueva ley
De acuerdo a lo expuesto por la legisladora González, la nueva ley traería consigo diversos beneficios.
Por ejemplo, los comercios pequeños tendrían acceso a este tipo de pagos, impulsando no solo la inclusión financiera sino una economía “cash-less”, es decir con un menor volumen de transacciones en dinero físico y migrando cada vez más a la digitalización.
Los comercios podrían ofrecer precios más competitivos, dada la reducción en las comisiones cobradas actualmente por las instituciones financieras.
También habrá una diversificación de opciones de pago en los comercios, fomentado así el uso de pagos electrónicos a consecuencia de la reducción de las comisiones cobradas en este rubro.
La ley apoyaría a las 11 medidas anti-inflación promovidas por el gobierno central al reducir las comisiones. Finalmente, el mercado se volvería más competitivo, lo que llevaría a mejorar los servicios financieros para los comercios y consumidores finales.
Los cuatro actos de justicia financiera aprobados por los legisladores
Los diputados de la nueva Asamblea Legislativa han admitido diversas reformas que abonan a la inclusión financiera, siempre teniendo en cuenta las necesidades de la población.
En un año de labores y a través de la Comisión Financiera, el pleno ha aprobado cuatro actos de justicia financiera.
El primero fue las reformas a la Ley del Historial Crediticio, mismas que entraron en vigencia el pasado 9 de marzo de este 2022; el segundo, la modificación a la Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito (válida a partir del 20 de julio de este mismo año); y el tercero fueron las reformas a la Ley Contra la Usura, el Código Civil y el Código de Comercio.
La cuarta modificación aprobada fue la del artículo 20 de la Ley para Facilitar la Inclusión Financiera, que da mayores beneficios a los salvadoreños que residen tanto adentro como afuera del país al momento de abrir una cuenta bancaria.
