Con la propuesta se pretende dotar a las alcaldías de herramientas jurídicas que les permitan frenar la evasión tributaria de las grandes empresas y disponer de más recursos para ejecutar obras en sus comunidades.
Los diputados de Nuevas Ideas presentaron una iniciativa para modificar la Ley General Tributaria Municipal con el objetivo de continuar generando desarrollo local en el país.
La propuesta incluye 45 enmiendas para actualizar las sanciones que se le aplican a las empresas que incumplen la normativa, incorporar nuevos conceptos básicos en materia de tributos y la homologación de la ley actual con la Ley de Procedimientos Administrativos.
La legisladora Elisa Rosales, quien preside la Comisión de Asuntos Municipales, explicó que con las reformas se busca establecer tarifas justas, para evitar que las personas naturales o jurídicas que generen más actividad económica en los municipios se aprovechen de los montos establecidos en la ley en concepto de multas.
“Con estas reformas buscamos generar una tributación justa. Estamos creando una herramienta jurídica para que las empresas puedan pagar impuestos de manera ordenada, de acuerdo a su capacidad económica y actividad que desarrolla, señaló la parlamentaria.
Con estas modificaciones, de acuerdo a los diputados, no se crearán nuevos impuestos, sino que se estará brindando a las municipalidades las herramientas jurídicas para aumentar la recaudación tributaria que les permita disponer de más dinero para la ejecución de obras y proyectos en las comunidades.
El diputado Christian Guevara, jefe de la bancada cyan, agregó que las reformas también pretenden frenar la evasión tributaria de las grandes empresas que, por años, han operado en los municipios sin pagar impuestos.
“Buscamos llevar justicia, porque no es posible que haya empresas que sigan evadiendo su responsabilidad de pagar impuestos según su capacidad. En el pasado, los políticos se hacían los del ojo pacho, ahora buscamos cambiar esa realidad”, sostuvo el legislador.
La Ley General Tributaria Municipal fue creada, en 1991, para establecer los principios básicos y el marco normativo general que requieren las alcaldías para ejercitar y desarrollar su potestad tributaria, de conformidad con el artículo 204, ordinales 1 y 6, de la Constitución de la República.
