La Comisión de Relaciones Exteriores estudia un convenio de La Haya para ayudar a implementar la certeza jurídica en materia civil y mercantil, a través de la figura jurídica carta rogatoria o agentes consulares.

En la continuidad del estudio acerca de la ratificación del Convenio sobre la Obtención de Pruebas en el Extranjero en Materia Civil o Comercial, los diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores recibieron a Alex Marroquín, magistrado presidente de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para poder conocer los beneficios de este acuerdo de La Haya.
Este tratado de 42 artículos, firmado en 18 de marzo de 1970 y que entró en vigencia el 7 de octubre de 1972, tiene como propósito facilitar la remisión y ejecución de cartas rogatorias y promover la concordancia entre los diferentes métodos que los Estados utilizan para la cooperación judicial mutua en dichas materias (civil y mercantil).
Una carta rogatoria es la figura jurídica, un documento oficial, que representa una solicitud formal hecha por un tribunal de un país a otro en relación con algún tipo de asistencia judicial. Es decir, que es una herramienta jurídica para solicitar un documento o diligencia a otro país por un proceso judicial.
“Es una buena noticia para el sistema jurídico, porque enriquecen los mecanismos judiciales. Es complementario con lo que ya tenemos regulado en nuestra Constitución de la República”, comentó el representante de la CSJ, entidad que lidera este tipo de instrumentos.
De acuerdo al magistrado, a través de este convenio se pueden solicitar pruebas periciales, testimoniales y documentales por medio de diferentes canales, incluso electrónicos, tal como lo rige un proceso jurídico.
El convenio logra lo anterior con dos sistemas separados e independientes: Con las cartas rogatorias y con tratos de funcionarios diplomáticos, agentes consulares y comisionado.
“Estas son normas específicas sobre obtención la de pruebas, pero bajo un convenio internacional y es por eso que favorece el acceso a la justicia”, agregó Marroquín.
Los diputados también obtuvieron los insumos de la directora de Asuntos Jurídicos del ministerio de Relaciones Exteriores, Karla Quintanilla.
“Estos convenios nos permiten establecer acciones de trámites para obtención de pruebas y es importante que los flujos mercantiles tengan mecanismos de cooperación y que nuestro país se incorpore a este tipo de convenios de La Haya”, aseguró la abogada.
En la próxima sesión de la mesa de trabajo recibirán al fiscal general, Rodolfo Delgado, para poder escuchar su opinión legal y técnica referente al tema.