Los diputados de la mesa de Salud recibieron a los nuevos representantes de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica, quienes denunciaron que, con la complicidad de los gobiernos anteriores, muchas personas estafaron a los salvadoreños haciéndose pasar por médicos, poniendo en riesgo su salud.

Los diputados de la Comisión de Salud escucharon a los representantes de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica (JVPM), quienes expusieron hallazgos sobre irregularidades en el campo de la medicina que no fueron corregidas por anteriores juntas.
“Entre los casos reportados en los últimos seis meses tenemos el de un señor, que no se sabe si tiene alguna profesión, pero se presenta como médico, tomó el número de junta de una colega legalmente inscrita, mandó a hacer un sello, lo cual es ilegal porque solo la junta puede autorizar la fabricación de un sello”, dijo el presidente de la junta, Carlos Ramos.
El profesional afirmó que, en los seis meses de trabajo que tienen al frente de la junta, se ha interpuesto aviso ante la Fiscalía General de la República (FGR), por un total de 16 casos de irregularidades cometidas por personas que, haciéndose pasar por médicos o especialistas, han dañado la salud de la población.
“Esta persona ha falsificado un carnet del Ministerio de Salud. Ha falsificado un carnet de la junta de vigilancia. Ha incurrido en estafa, porque se presenta a alquilar un local como médico, paga uno o dos meses y pasa seis meses o más sin pagar, vacía el local de la mueblería, se la lleva y desaparece”, señaló.
El médico enfatizó que durante años la JVPM no ha ejercido su rol de vigilancia, pues se han encontrado carencias en su interior que han imposibilitado que ejerza su rol. Esta situación nunca fue expuesta por las autoridades que anteriormente estuvieron al frente de la institución.
“La pregunta es por qué guardaron silencio las anteriores autoridades del consejo durante los gobiernos del FMLN”, cuestionó el diputado José Urbina.
Por su parte, su colega Edwin Serpas señaló que estas anomalías se vislumbraban desde que, con la excusa de estar en pandemia, la vieja Asamblea aprobó una iniciativa para suspender la elección de los miembros de la JVPM, que duran dos años en el cargo.
“La vieja Asamblea hizo un decreto en donde le daba una prórroga a las funciones del Consejo Superior de Salud Pública y a las juntas, alegando que no se podían realizar elecciones por el contagio del COVID-19. Se hizo el decreto, se llevó a la Presidencia y el Presidente Bukele lo vetó, lo declaró inconstitucional, porque el Código de Salud establece que las funciones de estas juntas no pueden tener tiempo superior a dos años”, señaló Serpas.
Sin embargo, los diputados superaron el veto y fue remitido a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para resolver la controversia.
El 13 de noviembre del 2020 se efectuaron elecciones, pero la Corte declaró constitucional el decreto vetado por el Presidente y emite una nueva prórroga de las funciones de los entonces miembros de la junta para que finalicen su periodo en 2022.
“Esta nueva Asamblea derogó este decreto y fue posible que tomaran posesión las juntas del 2020, y para las que no se habían celebrado elecciones las hicieron y quedaron electas. Estamos haciendo un acto de justicia para los electores y electos, y para la salud del pueblo salvadoreño”, afirmó Serpas.
Es así que esta nueva junta ha levantado un diagnóstico de las condiciones en que se encuentra la institución, llegando a conclusiones importantes sobre lo que se necesita para superar las carencias heredadas.
Primero, se necesita digitalizar la institución porque hay inspectores que aún trabajan con papel y lápiz. También consideran que se debe hacer una revisión de la tabla tarifaria para los establecimientos de salud, porque actualmente es muy baja y no responde a las utilidades que generan.
Además, piden hacer una mayor asignación presupuestaria para expandir sus funciones y poder desempeñarlas a escala nacional, ya que, actualmente, solo cuentan con una oficina en San Salvador, lo que lleva también a la necesidad de descentralizar las funciones.
Asimismo, solicitan un nuevo marco legal, porque el actual no les permite establecer sanciones a aquellos establecimientos y personas que operan al margen de las leyes.
Hacen hincapié en la importancia de una colaboración interinstitucional que les permita perseguir los delitos. Para ello necesitan trabajar junto a la FGR y Medicina Legal.
Por último, enfatizan sobre la necesidad de un censo de los establecimientos y profesionales que existen a escala nacional, lo cual les ayudará a tomar mejores decisiones en el desarrollo del talento humano, al determinar los cupos que se necesitan llenar en las facultades de medicina para responder a las demandas de la población.