Los diputados de la mesa de trabajo buscan establecer sanciones económicas que correspondan a la realidad salvadoreña y que disuadan a los empleadores de incurrir en el no cumplimiento de garantías de los trabajadores.
Los diputados de la Comisión de Trabajo iniciaron el análisis del artículo 627 del Código de Trabajo, que contiene las sanciones económicas hacia los empresarios que violenten los derechos de los empleados.
La actual multa es de $57.14 (500 colones). El diputado presidente de la comisión, Edgardo Mulato, alegó que los malos empresarios se aprovechan de lo establecido en la ley y prefieren pagar la multa, porque es mucho menos onerosa que dar cumplimiento a las garantías de los trabajadores.
Para comenzar a estudiar el establecimiento de multas adecuadas, los legisladores recibieron a representantes de la Secretaría de Comercio e Inversiones de la Presidencia de la República, y del Ministerio de Economía (MINEC), quienes dieron sus aportes y valoraciones sobre el artículo.
José Mateo Cabrera, de la Secretaría de Comercio, dijo que es importante tomar en cuenta en las reformas no afectar a los buenos empresarios y a las micro y pequeñas empresas (MYPES) con montos demasiado elevados con relación a su capacidad.
“Consideramos importante intentar dotar el artículo de igualdad para los desiguales. No es lo mismo multar a un empresario con más de 100 empleados que a uno que tiene dos o tres. Se debe reflejar que tampoco esta Asamblea quiere afectar a los buenos y pequeños empresarios, que son los máximos empleadores. Según su tamaño y capacidad patrimonial, deben sufrir las consecuencias”, afirmó el funcionario.
El Código de Trabajo data del 23 de junio de 1972, y su propósito es regular armoniosamente las relaciones entre patronos y trabajadores. No obstante, mucho de la realidad ha cambiado después de 50 años de su entrada en vigencia.
“Esta iniciativa, que ha sido de ustedes, es en pro de los trabajadores, sin descuidar la importancia de mantener buen clima de negocios y mantener a salvo a la MYPE, pero también atendiendo a los trabajadores, en ese sentido se está logrando saldar una deuda histórica”, manifestó José Merlos, representante del MINEC.
Durante años, anteriores asambleas ignoraron este tema, dejando desprotegidos a miles de trabajadores cuyas denuncias se encuentran en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) y en los juzgados.
“Los sectores de maquila y seguridad privada, son de los principales infractores, también los que brindan servicios domésticos y de limpieza. Hay hasta 50 mil casos (denuncias) en el Ministerio de Trabajo, esto significa que son números alarmantes”, dijo el diputado Edgardo Mulato.
Los parlamentarios continuarán con el análisis del artículo a fin de determinar el establecimiento de multas justas de acuerdo a la capacidad económica de cada empresa.