Comisión de Legislación dictamina a favor de reformar la Ley Orgánica Judicial


Lunes 31 de octubre de 2022

Las enmiendas contemplan la creación de 11 nuevos juzgados que servirán para combatir a las pandillas y organizaciones criminales. A su vez, esto disminuirá la carga laboral en las sedes judiciales y se le brindará a las víctimas pronta y cumplida justicia.

“No podemos dejar de crear nuevos juzgados para que las personas tengan acceso a una pronta y debida justicia. Vamos a brindar todas las herramientas que nos permitan tener un Estado funcional”. Así fue como la presidenta de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, Marcela Pineda, resumió la necesidad de reformar la Ley Orgánica Judicial en El Salvador.

Dicha mesa de trabajo emitió un dictamen favorable para hacer enmiendas a la referida normativa, a solicitud de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con el propósito de crear 11 nuevos juzgados que servirán para combatir a las pandillas. Asimismo, los cambios permitirán establecer los Juzgados Primero y Segundo de Garantías de San Salvador, los cuales tendrán competencia a nivel nacional y atenderán permanentemente las solicitudes de intervenciones telefónicas.

Anteriormente, para llevar a cabo este procedimiento, la Fiscalía General de la República hacía la petición a un juez de instrucción y este, por turnos, avalaba las intervenciones telefónicas.

“Ahora se ha creado específicamente la figura juez de garantía, quien estará 24/7 dedicado solamente a esa función. Un Estado funcional tiene que ver con que el Órgano Judicial responda al pueblo salvadoreño únicamente”, apuntó la diputada Pineda.

Ella criticó que en las administraciones pasadas no se les daba respuesta a las víctimas, en algunos casos porque los juzgados tenían carga excesiva de trabajo: “y eso también es una vulneración hacia los derechos de acceso a la justicia”.

Los cambios a la ley que estarían vigentes desde el 1 de enero de 2023, tras su publicación en el Diario Oficial también permitirán disponer de un juez de garantía de menores, quien estará en la misma sala en donde se procese a personas adultas. En el proyecto de reforma ha quedado establecido que se respetarán las garantías de los adolescentes como lo estipulan los convenios internacionales.

Las enmiendas también pretenden establecer la competencia, la organización y la conversión de sedes judiciales e integración de Tribunales Contra el Crimen Organizado.

La propuesta que será llevada ante el pleno contempla que en San Salvador habrá seis Tribunales contra el Crimen Organizado y tendrán competencia sobre los delitos cometidos en la capital, La Libertad, Cabañas, San Vicente, Cuscatlán, La Paz y Chalatenango.

En Santa Ana se habilitarán tres Tribunales contra el Crimen Organizado, los cuales conocerán procesos sobre delitos cometidos en dicho departamento, en Sonsonate y en Ahuachapán.

San Miguel tendrá dos Tribunales contra el Crimen Organizado, ahí se conocerán procesos judiciales de ese departamento, de Usulután Morazán y La Unión.

Las Cámaras contra el Crimen Organizado estarán conformadas por tres magistrados, uno de ellos será presidente. Habrá dos en San Salvador que tendrán competencia a nivel nacional. Ellas conocerán los recursos contra las decisiones de los Tribunales contra el Crimen Organizado de acuerdo a los dispuesto en la ley.

El proyecto de dictamen señala que la CSJ deberá nombrar a los jueces y magistrados necesarios para juzgados y cámaras contra el crimen organizado.

Además, establece que la necesidad de reestructuración de la plantilla laboral de esas sedes judiciales (convertidos o integrados) será determinada por la CSJ tomando en cuenta estudios técnicos.

Antes de emitir el dictamen favorable, la Comisión de Legislación escuchó al presidente de la CSJ, Óscar Jerez, quien fue invitado por los legisladores para que brindara su opinión técnica.

Específicamente, el funcionario señaló que la creación de los Tribunales contra el Crimen Organizado permitirá atender la carga laboral que tiene la institución, desde marzo pasado, cuando el Gobierno empezó a implementar el régimen de excepción.

Según Jerez, la CSJ ha recibido cerca de 55 mil casos contra personas que estarían involucradas en organizaciones criminales y la cifra va en aumento.

“Con los tribunales y cámaras especializadas existentes no se sale adelante, dado que el número sigue creciendo; tenemos una carga laboral excesiva. Acordamos la conversión de Tribunales Especializados en Tribunales contra el Crimen Organizado. Es bueno dejar claro que la Corte está colaborando para combatir a las pandillas”, expresó el funcionario.