La Asamblea Legislativa reformó la Ley Orgánica Judicial para permitir la creación de nuevas dependencias judiciales para dar pronta y cumplida justicia a las víctimas.
En un trabajo coordinado entre los tres órganos de Estado para garantizar la seguridad de la población, los diputados de la Asamblea Legislativa reformaron, con 64 votos, la Ley Orgánica Judicial para permitir la creación de Tribunales contra el Crimen Organizado, en todo el país, y los Juzgados Primero y Segundo de Garantías de San Salvador.
Durante el desarrollo de la Plenaria N°80, la diputada por Nuevas Ideas, Marcela Pineda, explicó que con estas enmiendas se busca brindar a salvadoreños el acceso a la pronta cumplida justicia, la que por décadas les fue negada.
"Estas reformas permitirán la creación de nuevos tribunales que se sumarán a la guerra contra las pandillas. Ahora, los salvadoreños encontrarán la justicia que les fue negada por el sistema anterior”, dijo la legisladora.
Además de establecer la competencia, organización, conversión y la integración de Tribunales Contra el Crimen Organizado, las enmiendas aprobadas por los legisladores permitirán la creación de los Juzgados Primero y Segundo de Garantías de San Salvador.
Distribución de las sedes judiciales
La diputada de la bancada cyan, Evelyn Merlos, detalló que los nuevos Tribunales contra el Crimen Organizado estarán distribuidos en las zonas paracentral, occidental y oriental país.
El departamento de San Salvador contará con seis Tribunales Contra El Crimen Organizado para atender los delitos cometidos en la capital, La Libertad, Cabañas, San Vicente, Cuscatlán, La Paz y Chalatenango.
Santa Ana tendrá tres Tribunales contra el Crimen Organizado, encargados de procesar los delitos cometidos en dicho departamento, en Sonsonate y en Ahuachapán. En San Miguel habrá dos Tribunales contra el Crimen Organizado, ahí se conocerán procesos judiciales de ese departamento, de Usulután Morazán y La Unión.
Además de los tribunales, los legisladores avalaron la creación dos Cámaras contra el Crimen Organizado, estas conocerán los recursos que sean presentados contra las decisiones de los Tribunales contra el Crimen Organizado, tendrán como sede el departamento de San Salvador y competencia a nivel nacional.
Los cambios a la normativa también permitirán establecer los Juzgados Primero y Segundo de Garantías de San Salvador para atender de forma permanente las solicitudes de intervenciones telefónicas requeridas por la Fiscalía General de República.
El diputado Jorge Castro recordó que, en el pasado, se impulsaban iniciativas para beneficiar a sectores específicos, pero que ahora la prioridad es brindar soluciones los problemas de todos los salvadoreños.
Las reformas aprobadas por los legisladores entrarán en vigencia a partir del 1 de enero de 2023, luego de su publicación en el Diario Oficial.
