El funcionario Douglas Rodríguez explicó a la Comisión Ad Hoc que son viables las propuestas de reformas a dicha normativa. Con estas enmiendas se pretende asegurarles a los salvadoreños un retiro digno. Actualmente, hay muchas deficiencias en el sistema de pensiones que impactan a los afiliados, por eso se busca un sistema más justo.
“Consideramos que esta nueva iniciativa será más justa para los trabajadores, sobre todo para aquellos con menores ingresos”. Así opinó el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Douglas Rodríguez, ante los diputados de la Comisión Ad Hoc, quienes analizan las reformas a la ley del sistema de pensiones, con el objetivo de dignificar a los trabajadores.
Por tercera ocasión, los parlamentarios sesionaron para estudiar, junto a representantes de instituciones relacionadas a la temática, el proyecto de la Ley Integral del Sistema de Pensiones, de la Ley de Creación del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) y de Ley Especial para la Emisión de Certificados de Obligaciones Previsionales y Disolución del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP).
“El fondo de pensiones era de $12 mil millones, ahora solo tiene $2 mil millones, debido a que los pasados gobiernos tomaron fondos para pagar deudas. Es necesario refinanciar para garantizar el retiro digno de la clase trabajadora”, recordó la diputada presidenta de la comisión, Suecy Callejas.
De acuerdo a Rodríguez, el monto mínimo que recibirán las personas que se jubilen será de $400 y esto ayudará a ser más sostenible la vejez de los que hoy ahorran para su futuro. La pensión por vejez mínima vigente es de $304 mensuales, la cual llegó a esa suma tras un incremento del 46,5 % realizado, en 2021, por el gobierno del Presidente de la República, Nayib Bukele.
Al respecto, el legislador Raúl Castillo confirmó lo dicho por el representante del banco: “Ningún salvadoreño va a recibir menos de $400 al momento de jubilarse, porque ese será el monto mínimo que plasma este proyecto de ley que estamos estudiando”.
Sobre las edades actuales, el presidente del BCR aseguró que se mantienen y por ello las personas jubiladas ya no tendrán que continuar laborando después de la edad determinada para pensionarse.
De acuerdo a la normativa, las edades para jubilarse son de 55 años para las mujeres y 60 para los hombres.
“Este estudio es muy importante para la población salvadoreña, dado de que hablamos de los ahorros que están generando al trabajar mes con mes y que les permitirán gozar de una pensión digna en su edad de vejez”, indicó el titular del BCR.
BCR: El ente regulador de las pensiones
El papel del BCR es regular el sistema financiero y esto incluye a las dos Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que están vigentes (Confía y Crecer), luego de que en 1996 el partido ARENA privatizara este sistema, en donde operaban cinco de estas: AFP Confía, AFP Profuturo, AFP Previsión, AFP Porvenir, AFP Máxima.
Según Rodríguez, con las enmiendas se disminuirá la comisión que cobran las AFP –de 1.9% a 1%- y se mantendrán las cuentas de ahorro individuales para pensiones. Esto último se refiere a que no se sostiene un sistema de repartos, sino a cuentas personales.
Además, el funcionario recalcó que con estas reformas no se necesitará devolver el dinero tomado como anticipo (25%) del saldo ni trabajar más para pagarlo.
“El adelanto del 25% de los ahorros de pensiones fue el dulce envenenado que las legislaturas anteriores le dieron a los cotizantes. Lo único que lograron fue desfinanciar los fondos de más de un millón de trabajadores”, comentó ante esto la diputada Callejas.
Referente al Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), Rodríguez explicó que trabajará de manera coordinada con la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) y del BCR para garantizar que las pensiones de este nuevo sistema se cumplan y que beneficien directamente a la población.
“Como BCR emitiremos la mejor normativa y todas las disposiciones necesarias que garanticen el aumento de la pensión y que brinden la certeza jurídica a todos los beneficios otorgados a este sistema propuesto”, aseguró el funcionario.
Un incremento a las pensiones actuales y a futuro
Rodríguez aseguró que habrá un incremento del 30% al monto de todas las pensiones, incluso a la de aquellas personas que ya están jubiladas, siempre y cuando no sobrepasen el techo de los $3 mil.
Otro de los beneficios es que quienes ya retiraron un adelanto de sus ahorros no tendrán que devolver el dinero, tampoco pagarán más de lo que ya cancelan, se jubilarán a la misma edad y su pensión también aumentará, aunque en un porcentaje menor de quienes no retiraron el adelanto.
Los salvadoreños de la diáspora también podrán cotizar voluntariamente en el sistema para recibir los beneficios de un ahorro previsional rentable, seguro y en El Salvador.
Los roles de las instituciones pertinentes
Tras una consulta emitida por parte del diputado secretario de la comisión, Rodrigo Ayala, el presidente del BCR explicó los roles que ejecutará el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) y del mismo banco estatal.
El ISP será el rector del manejo de las pensiones, es decir que regirá a las administradoras de fondos de pensiones. Mientras que la SSF supervisará a esa institución.
Por su parte, el BCR regulará -a través de su comité de normas- al ISP, a las dos AFP y al sistema financiero en general.
684 personas con “pensiones VIP”
El Estado ha gastado $346 millones del Fondo de Pensiones para mantener las “pensiones VIP” para 684 personas jubiladas que gozan de pensiones mayores a los $5 mil. Sin embargo, con la propuesta en estudio estos montos se reducirían a $3 mil, lo que representaría un ahorro anual de $6.5 millones.
Sobre el término VIP se entiende que es un acrónimo inglés de “Very Important Person”, es decir una persona muy importante por su posición social o económica.
Esta selección de los “favorecidos” a estas altas pensiones fue hecha por anteriores legislaturas, que a espaldas de los salvadoreños decidieron qué hacer con los ahorros de los empleados.
“Hoy, las discusiones se están haciendo frente a la población. El 28 de noviembre de 2017 se hizo la última reforma a la ley de pensiones y ese proceso sí fue un verdadero madrugón. Muchos diputados estaban en las oficinas de la ANEP para ver si les gustaban las reformas”, indicó la diputada Callejas.
Además, la parlamentaria comentó que tomarán en cuenta a los integrantes de sindicatos de diferentes instituciones para conocer de cerca la opinión de este sector.
“Por primera vez en la historia vamos a consultar al sector sindical. Desde 1996 que se hizo la nueva ley de pensiones por anteriores legislaturas, y con ello las 16 reformas posteriores a esta, nunca se ha llamado a este sector para que dé su aporte a ese estudio”, puntualizó la funcionaria.
En 2017, el FMLN obligó a los cotizantes a pagar más de su salario y pese a eso no lograron aumentar el fondo de las pensiones, por ende nunca protegió a los trabajadores como ellos mismos lo indicaron en su momento.
Representantes del movimiento No Más AFP
Durante la jornada de trabajo, los parlamentarios también recibieron a representantes del movimiento No Más AFP, en donde el coordinador general de este grupo, Roswal Solórzano, explicó que este estudio es importante, porque se está decidiendo la situación económica de las personas que están aptos para pensionarse.
Solórzano aseguró que buscaban respaldo en diputados de las legislaturas anteriores, pero nunca recibieron una reforma alentadora para los bolsillos de los pensionados.
“La palabra ‘jubilación’ significa ‘júbilo’, pero no podemos poner esa palabra porque han sido pensiones de hambre y de esto tiene mucha culpa ARENA y el FMLN”, argumentó.
De acuerdo a Solórzano, esta batalla para la mejora de las pensiones inició en 1998 y en ese contexto dijo que: “Desde el principio sabíamos que las AFP eran para robarnos nuestras pensiones. Fundamos cuando ocurrió la injusta reforma 2017, nos mintieron a la clase trabajadora”.
Los integrantes del movimiento indicaron que con estas reformas propuestas por el Presidente Bukele será la primera vez se hará justicia a la clase trabajadora, considerada por ellos como “la clase más abusada, más pisoteada por los gobiernos anteriores”.
