Los fondos se traducirán en obras viales que beneficiarán a miles de salvadoreños y ayudarán a dinamizar la economía.
Comprometidos con seguir legislando por brindar a los salvadoreños una mejor infraestructura vial, los diputados de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto dictaminaron a favor de ratificar dos créditos suscritos por el Órgano Ejecutivo con organismos financieros internacionales.
Por unanimidad, los legisladores votaron para que se lleve al pleno un dictamen favorable para confirmar el contrato de préstamo por $166 millones, gestionado entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Dichos recursos se destinarán al “Proyecto de Construcción de Viaducto y Ampliación de Carretera CA01W, tramo Los Chorros”.
La mesa de trabajo también emitió un dictamen para que se ratifique el crédito suscrito, el pasado 1 de diciembre, entre el Ejecutivo y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los $100 millones requeridos servirán para ejecutar el “Programa de Caminos Rurales”.
La diputada de Nuevas Ideas, Marcela Pineda, aclaró que la ratificación de ambos empréstitos son parte del proceso que establece la Constitución de la República para la contratación de créditos con organismos financieros.
“Esto es lo que se conoce como segunda vuelta, aquí no estamos aprobando más deuda, sino que estamos siguiendo con el proceso que establece nuestra Constitución”, afirmó la legisladora.
Para profundizar en el estudio de estas iniciativas, los parlamentarios recibieron a representantes del Ministerio de Hacienda, quienes ahondaron sobre el uso que se le dará al dinero.
En otro tema, la Comisión de Hacienda elaboró un dictamen favorable para otorgar al Órgano Ejecutivo la garantía soberana del Estado para autorizar al Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL) el Contrato de Línea Global de Crédito No. 1248 con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por un monto de hasta $130 millones.
Estos recursos permitirán que BANDESAL disponga de recursos para apoyar la reactivación económica, el desarrollo, la competitividad y la capacidad de generación de ingresos de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) a nivel nacional.
