Los diputados de la Comisión de Hacienda recibieron al procurador general, René Escobar Álvarez, quien les expuso las necesidades económicas de la institución y los proyectos que se ejecutarán con los fondos que se le asignen en 2023.
La Procuraduría General de la República (PGR) —institución que tiene el mandato de defender los derechos de las personas, las familias y la sociedad, facilitando el acceso a la justicia— necesita un presupuesto de $47 millones para realizar sus funciones el próximo año. Así lo expuso el procurador René Escobar Álvarez en la Comisión de Hacienda, que continúa el estudio el proyecto de Presupuesto General del Estado 2023.
Sin embargo, el funcionario explicó a los legisladores que el techo presupuestario que el Ministerio de Hacienda le ha asignado es de $39.8 millones, lo que implica que la institución tendría un déficit de $7,12,160.
Las estadísticas de la PGR revelan que, este año, se ha dado asistencia a más de medio millón de usuarios, una cifra que ha venido en aumento desde 2018 y, según el procurador, refleja la necesidad de recursos que hay para brindar un servicio eficiente y de calidad a los salvadoreños.
Escobar recordó que entre las tareas que tendrá la institución es la aplicación de la Ley Crecer Juntos (que estará vigente desde el 1 de enero) y darle independencia la Oficina Para Adopciones (tras las reformas realizadas a la Ley Especial de Adopciones) para lo que se ha solicitado $2,5 millones.
“El presupuesto que en realidad nosotros necesitamos es de $47 millones, siendo bastante prudentes. El abandono histórico institucional ha hecho que las necesidades se vayan acumulando; la Procuraduría ha ido asumiendo, a través diferentes leyes, otros roles que en su momento se les daban las atribuciones, pero no las condiciones para poderlos asumir”, señaló Escobar.
El procurador agregó que se tendrá que reforzar la capacidad de la Unidad de Niñez y Adolescencia, la Unidad de Defensa Pública Penal y la Unidad de Atención de la Mujer.
También se atenderá el crecimiento de demandas de servicios legales; se abrirá nuevas plazas de para reducir la cargar laboral; se mejorarán las estructuras de la oficina centrales y auxiliares de la Procuraduría (pues el 90 % de ellas es inadecuada) y se abrirá nuevas sedes en Mejicanos, San Marcos y San Martín.
Además, la PGR ha contemplado hacer una inversión en la sistematización y desarrollo tecnológico para que estén interconectados, ya que eso le permitirá tener indicadores reales sobre las necesidades de abordaje y los servicios que se ofrecen.
Con el presupuesto solicitado, no solo se le apostará a la modernización de la entidad, sino que también a la formación y especialización del personal. También permitirá cumplir con diferentes prestaciones para los empleados, entre ellas la entrega de una canasta familia, el pago del bono anual y la compensación económica e indemnizaciones y prestaciones laborales.
Algunas de las funciones que tiene la PGR son velar por la defensa de los derechos de las personas desde la primera infancia, facilitar la resolución de los conflictos en de diferente naturaleza, a través de la mediación o conciliación; así como la defensa de la libertad individual, de los derechos laborales y de los derechos a una vida libre de violencia.
