La nueva normativa establece un incremento del 30 % a las pensiones, lo que implica que la cuota mínima de jubilación será de $400 y la máxima de $3,000. Además, se blindarán los ahorros de los salvadoreños para que el Estado no los utilice para el pago de deuda pública.
Luego de 26 años, una deuda histórica se salda con el sector laboral salvadoreño. Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 67 votos, una nueva Ley Integral del Sistema de Pensiones, con la que se les otorgará a los cotizantes una jubilación digna y justa.
También fue avalada la Ley de Creación del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), con 64 votos, y la Ley Especial para la Emisión de Certificados de Obligaciones Previsionales y Disolución del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), con 65 más.
“Estamos haciendo justicia en nuestro país. En 2019, la población tomó las riendas para cambiar la situación en esta nación y lo logró con la llegada del Presidente Nayib Bukele. Algo admirable es que él ha tomado las decisiones que los presidentes anteriores no hicieron”, expresó el diputado presidente de este Órgano de Estado, Ernesto Castro, quien felicitó al equipo de Gobierno que trabajó en este articulado.
En la sesión plenaria los legisladores expusieron que la edad de jubilación se mantendrá: las mujeres se retiran a los 55 años y los hombres a los 60. Con el incremento del 30 % a las cotizaciones, el monto mínimo de jubilación que recibirán los salvadoreños, incluídos quienes ya están pensionados, será de $400.
El tiempo de cotización para pensionarse seguirá siendo de 25 años de labores como mínimo y se mantendrá la pensión vitalicia al terminar el saldo de la Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones (CIAP).
Además, los compatriotas que residen en el exterior podrán cotizar voluntariamente en el sistema para recibir los beneficios de un ahorro previsional rentable, seguro y en El Salvador.
En las legislaturas anteriores, no se trabajó para velar por los beneficios de los trabajadores de manera general. Incluso, el Estado ha gastado $346 millones del Fondo de Pensiones para mantener las “jubilaciones VIP” aplicadas a 684 personas, quienes gozan de pensiones mayores a los $5 mil. Sin embargo, con la nueva normativa estos montos se reducirían a $3 mil (techo máximo), lo que representaría un ahorro anual de $6.5 millones.
“La oposición habla sin argumentos. Sabemos que continúa recibiendo órdenes de sus patrones, es su principal característica. No entienden nada de lo que estamos haciendo”, afirmó el presidente Castro. “La oposición no logra entender que debe prevalecer el bienestar colectivo antes que el individual. No entiendo porqué dicen que lo único bueno de la iniciativa que vamos a aprobar es solo el aumento de las pensiones”, agregó.
Al respecto, la diputada Suecy Callejas, presidenta de la Comisión Ad Hoc que estudió la propuesta de esta nueva ley, dijo: “Nadie tiene la moral de venir a decirnos que lo pudimos hacer mejor. Esas pensiones de hambre que muchos tienen actualmente se deben a los que defienden hasta la fecha esas malas reformas de 2017”.
“Heredamos un desorden en el tema de las pensiones. Es importante que los cotizantes tengan una pensión justa y nunca, en 26 años, hubo un incremento para todos, sino solo para pocos con esas pensiones VIP”, señaló el legislador Rodrigo Ayala.
Además, se aumentará un 1 % la tasa de cotización del sistema, por lo que pasará del 15 % al 16 %. Este incremento será asumido por el empleador, llegando al 8.75 % y manteniendo en 7.25 % el aporte del trabajador.
La ley indica que habrá una reducción de la comisión emitida a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), por lo que pasará del 1.9 % a 1% y se implementará un incremento de la Rentabilidad del Fondo de Pensiones, que pasará del 4 % al 7 %.
“Este es un momento de justicia. Un día como hoy, un 20 de diciembre de 1996, nació la mezquina ley de pensiones, aprobada a las 2:00 de la mañana, mientras el pueblo dormía. Pero hoy muere esa ley que nació de la ambición desmedida de una élite económica y que se fraguó en una oficina privada y a escondida de los trabajadores, quienes siempre fueron ignorados en el pasado”, argumentó el diputado José Urbina.
Según el legislador, hubo 16 reformas en el anterior articulado y ninguna fue para beneficiar a los trabajadores y menos para implementar algún incremento en las pensiones.
“100 mil personas se podrán pensionar y decenas de miles de jóvenes van a poder optar por un trabajo, porque ya van poder estar vacantes las plazas que las personas utilizaban por no poder jubilarse por la pobreza de pensiones que se amparaba antes”, explicó la diputada Callejas.
Para elaborar el proyecto de ley que fue presentando al pleno legislativo, se escuchó a la clase trabajadora, por primera vez. Durante el estudio de la iniciativa, la Comisión AD Hoc recibió a los ministerios de Hacienda y de Trabajo, a la Superintendencia Adjunta de Pensiones, al Banco Central de Reserva (BCR), al Movimiento No Más AFP y a la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales (AGEPYM).
La mesa también se reunió con el Sindicato de los Trabajadores de la Corte de Cuentas de la República (SITCCOR), el Sindicato de Trabajadores del FOSALUD (SITRAFOS), el Sindicato de Trabajadores de Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SITRAANDA), Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Gobernación (SITRAMIG), el Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS) y la Unidad Sindical.
La creación del Instituto Salvadoreño de Pensiones
El Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) será la entidad encargada de velar por los derechos de los cotizantes, regulará los fondos de pensiones y asumirá las obligaciones adquiridas previamente
El ISP absorberá al Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) y deberá asegurar las fuentes de financiamiento sostenible para el cumplimiento de los derechos previsionales.
La Superintendencia de Pensiones seguirá funcionando y hará labores de supervisión, pero en relación al funcionamiento estándar del sistema. El ISP, en cambio, entrará en las actuaciones diarias para prevenir o actuar ante cualquier abuso que se cometan contra los usuarios.
El Banco Central de Reserva (BCR) es el ente regulador del sistema financiero y esto incluye a las dos Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que están vigentes (Confía y Crecer), luego de que en 1996 el partido ARENA privatizara este sistema, en donde operaban cinco de estas: AFP Confía, AFP Profuturo, AFP Previsión, AFP Porvenir, AFP Máxima.
Referente al ISP, trabajará de manera coordinada con la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) y con el BCR para garantizar que las pensiones de este nuevo sistema se cumplan y que beneficien directamente al sector laboral.
Emisión de Certificados de Obligaciones Previsionales del FOP
De acuerdo al nuevo articulado, se disuelve y se liquida el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), mismo que deberá transferir al ISP sus activos pasivos y patrimonio.
También se crearán los Certificados de Obligación Previsional (COP), que servirán para financiar las obligaciones del Sistema Público de Pensiones (SPP). Se sustituirán los Certificados de Inversión Previsional (CIP) emitidos a la fecha, por los Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), mismos que serán emitidos por el ISP.
Con este nuevo articulado se deroga la ley que dio vida al FOP, mismo que utilizaron los gobiernos de ARENA -desde la administración de Antonio Saca- y del FMLN para financiarse a través de los fondos de pensiones.
Antecedentes de las reformas a la ley de pensiones
En el 2003, fueron creados los Certificados de Traspaso Complementario (CTC) para compensar las pensiones bajas, pero estas generaban una deuda que el Estado tenía que financiar anualmente.
Además, las modificaciones aplicadas en ese año brindó beneficios exagerados a pensionados optados, que no correspondían con sus ahorros y esto llevó a un incremento de una inequidad del sistema.
Otras reformas que gobiernos anteriores implementaron ocurrió en 2006. En ese año, se creó el Fidecomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), que presentó un mecanismo automático de deuda.
Las AFP compraron la deuda al Gobierno por medio de los Certificados de Inversión Previsional (CIP).
Las tasas de interés bajaron con el tiempo, afectando la rentabilidad de los fondos de pensiones.
Las últimas actualizaciones en la ley del sistema de pensiones fueron hechas el 28 de noviembre de 2017, en donde se creó la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS).
Quitaron una parte del ahorro mensual de cada cuenta individual y pasó a financiar la CGS. Además, se incrementó la cotización del trabajador a un 1 %.
La comisión por la administración de las AFP únicamente se redujo 0.03 % de forma gradual en cuatro años. Cambiaron el cálculo de las futuras pensiones. También fue creado el retiro anticipado del 25 % del ahorro.
En ese año, el FMLN obligó a los cotizantes a pagar más de su salario y pese a eso no lograron aumentar el fondo de las pensiones, por ende nunca protegió a los trabajadores como ellos mismos lo indicaron en su momento.
Por ello, con el artículo 162 de la nueva ley deroga la anterior y todas las reformas aplicadas sin la búsqueda de mejorar las cotizaciones de la clase trabajadora.
La historia implementada por ARENA y el FMLN
La parlamentaria Elisa Rosales recordó el nefasto papel que hicieron los partidos ARENA y FMLN en torno al tema de las pensiones.
“El expresidente Armando Calderón Sol fue quien entregó la iniciativa para la ley en 1996 y en ese momento dijo: ‘No se entregarán las pensiones a manos privadas, solo las administrarán para garantizar el dinero de los contribuyentes’”, inició.
Luego, ila diputada expresó que el exmandatarrio Alfredo Cristiani se volvió uno de los más grandes accionistas de una de las AFP y luego quebró a las demás que se instalaron en el país.
“Tenemos a la señora Milena Calderón de Escalón (de ARENA), quien formó parte de la comisión que estudió esa propuesta de ley para las pensiones y que fue tan nociva para la clase trabajadora. Tras eso, en 1998 se instalaron todas las AFP”, continuó Rosales.
El FMLN llegó al poder y este decía defender a los trabajadores salvadoreños, pero actuaron en contra del sector laboral. Después de generar tantas reformas a la anterior ley, buscaron en 2017 disfrazar un aumento en la edad de retiro, expuso la parlamentaria.
“Ambos partidos solo buscaron llenar sus bolsillos y los de sus financistas”, puntualizó la diputada.
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