La documentación analizada por el equipo de abogados juramentado por la Comisión Especial demuestra que hay elementos que pueden ser constitutivos de delitos, entre ellos peculado y agrupaciones ilícitas. Los diputados presentarán un aviso a la Fiscalía General de la República para que inicie una investigación penal.
La Comisión Especial para investigar los fondos otorgados a ONG afines a los partidos tradicionales recibió al equipo de abogados penalistas que, durante varios meses, recopiló y analizó información sobre los mecanismos que utilizaban las pasadas legislaturas para asignar fondos públicos a asociaciones y organizaciones sin fines de lucro. Los profesionales identificaron que se realizaron procedimientos ilegales para beneficiar con recursos a algunas de ellas, establecieron los montos que recibieron y e individualizaron a los políticos involucrados.
El informe elaborado por los expertos concluye que los delitos que podrían haber cometido los exfuncionarios son peculado, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento de deberes. Los parlamentarios informaron que presentarán un aviso a la Fiscalía General de la República para que inicie una investigación penal y deduzca responsabilidades.
“El equipo legal concluyó que existió un mecanismo arbitrario de asignación de fondos. Se han mencionado fundaciones conformadas por exdiputados y exfuncionarios. Hemos recopilado legalmente lo que corresponde y se llevará esta información ante la Fiscalía”, aseguró el parlamentario Caleb Navarro.
El abogado José Machado explicó que, cuando fueron juramentados por la Comisión Especial, recibieron el mandato de analizar toda la información relacionada con los procedimientos que se utilizaban para otorgar dinero público a las organizaciones y fundaciones.
“Se logró identificar puntos que contribuyeron a verificar irregularidades, a fin de que el Estado pueda solicitar un resarcimiento de daños", sostuvo Machado.
El profesional mencionó que cuando el proyecto de Presupuesto General de la Nación llegaba a la Comisión de Hacienda — conformada por varios diputados de ARENA y el FMLN que eran miembros de algunas ONG que recibieron fondos — los montos se reajustaban y se asignaban a las diferentes carteras de Estado, como lo establece la ley. Sin embargo, quedaba un sobrante de dinero, llamado “cola presupuestaria”, el cual era repartido por los diputados de los partidos tradicionales entre las asociaciones y fundaciones aliadas a ellos.
El estudio realizado reveló que esta práctica se llevó a cabo por muchos años, tiempo en el que no se llevó una contabilidad formal, no se presentaron balances anuales y no se rindieron informes sobre el uso del dinero ante el Registro de Organizaciones y Fundaciones no Gubernamentales del Ministerio de Gobernación. Pese a ello, cada año, esas organizaciones recibían fondos públicos.
Otra irregularidad detectada por los abogados es que no hubo inscripción de juntas directivas de las ONG, ni registros de miembros activos. Además, se evidenció la participación de diputados y empleados activos de la Asamblea Legislativa, funcionarios y familiares de estos dentro de las fundaciones mientras se les otorgaba los fondos. Incluso, se les asignaban fondos a las ONG sin que estas hicieran peticiones formales o sin que se detallara el proyecto en el que se requería el financiamiento.
La diputada Alexia Rivas recordó que la Comisión Especial fue creada para investigar y esclarecer el destino que se les dio a los fondos que las anteriores legislaturas entregaban a discreción a organizaciones fachada. Además, destacó que las asignaciones discrecionales que realizaron las anteriores legislaturas fueron con el aval del Órgano Ejecutivo.
“Es importante recordar a los salvadoreños cómo este mecanismo de corrupción funcionó para robar dinero de los impuestos de las personas que pudo ser ocupado para brindar mejores oportunidades a la población", expresó la diputada.
La también presidenta de la mesa de trabajo agregó que este es uno de los primeros pasos para revelar el mecanismo ilegal que estaba enquistado en las viejas legislaturas. “Dichas investigaciones no son ni el 5 % de toda la pirámide de corrupción que existió en el pasado", dijo.
ONG investigadas
El estudio elaborado por el equipo legal abarcó a la Asociación de Proyectos Comunales de El Salvador (PROCOMES), Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes (Las Mélidas), Fundación Salvadoreña para la Democracia y el Desarrollo Social (FUNDASPAD), Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria (PROVIDA), Asociación para el Desarrollo Económico y Social de las Municipalidades en El Salvador (APDEMES), Asociación de Mujeres Tecleñas (ATM), Fundación Ambientalista de Santa Ana (FUNDASAN), Pro Basket – Quique Samour y La Factoría Ciudadana.
Los abogados aclararon que algunas de estas fundaciones no fueron parte de los mecanismos corruptos de asignación de recursos, incluso, dijeron que eran las que menos dinero recibían.
Para construir el informe los abogados analizaron inscripciones, credenciales, balances presentados de manera incompleta en el registro de asociaciones sin fines de lucro, información emanada por la Asamblea Legislativa, dictámenes emitidos por la Comisión de Hacienda de las pasadas legislaturas y reportes de la Gerencia de Recursos Humanos del Órgano Legislativo para determinar la nómina de personal vinculado a las ONG y convenios institucionales que justificaban la erogación de fondos.
Durante la sesión, los abogados reconocieron el trabajo de la nueva Asamblea Legislativa para evitar que los delitos de corrupción prescriban y destacaron las reformas realizadas, en 2021, al Código Penal.
“Este es un punto crucial, ya que hay delitos que se han cometido en gobiernos anteriores y la mayoría estaban prescritos, pero ahora tenemos una reforma que permite investigarlos en cualquier momento", apuntó el abogado José Machado.
Los especialistas propusieron a la Comisión Especial realizar reformas a la Ley de Organizaciones no Gubernamentales y Ley General del Presupuesto para evitar que haya adjudicaciones discrecionales como las efectuadas en las legislaciones pasadas.
Por su parte, los diputados reiteraron su compromiso de continuar legislando para buscar justicia e impedir que los actos de corrupción cometidos por exfuncionarios en detrimento de la población queden impunes.
"El trabajo de la Comisión ha sido histórico y el informe del equipo jurídico contundente. Estamos acá para investigar los mecanismos de corrupción que se tenían, ya que queremos hacer lo justo, lo legal y lo correcto", aseveró la legisladora Lorena Fuentes.
