Para fortalecer la institucionalidad, los diputados aprobaron una reforma para igualar la terminología de la Ley de Compras Públicas con lo establecido en la Ley de Creación de la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Para garantizar la seguridad jurídica en los procedimientos que establecen la Ley de Compras Públicas y la Ley de Creación de la Dirección Nacional de Compras Públicas, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 62 votos, una reforma para homologar la terminología de ambas normativas.
El propósito de lo aprobado, en la sesión plenaria número 106, es fortalecer la institucionalidad y las normativas para ejecutar de manera eficiente las adquisiciones públicas.
“Esta reforma simplemente consiste en homologar el nombre de Tribunal de Apelaciones de Compras Públicas para que quede como un mismo término y así no haya ninguna confusión ni un vacío legal”, expuso el parlamentario Rodrigo Ayala.
La Ley de Compras Públicas, admitida el 25 de enero de 2023, tiene por objeto establecer las normas básicas para regular el ciclo de la compra pública.
Esta regulación establece un nuevo régimen de contratación administrativa que incluye el uso de tecnologías de la información y comunicación para gestionar las compras gubernamentales y herramientas de control y auditoría.
