Además de aprobar la emisión de fondos para dicha institución, los diputados autorizaron la designación de fondos para que la Fiscalía General de la República pueda contar con un edificio propio y el manejo de pasivos por parte del Ministerio de Hacienda.
El sector de la primera infancia, la niñez y de la adolescencia ha tenido el respaldo de los diputados de la Asamblea Legislativa. Por eso, en la sesión plenaria número 111, 63 parlamentarios avalaron una reforma a la Ley de Presupuesto 2023 correspondiente al ramo de Educación, Ciencia y Tecnología, para incorporar $10,436,980, monto que será dirigido al Instituto Crecer Juntos (ICJ) para que inicie sus labores.
Entre los servicios que prestará dicha institución están las actividades relacionadas con la articulación y provisión de servicios de atención integral de niñas y niños en su primera infancia, así como la ejecución de programas de fortalecimiento familiar y la generación de alianzas estratégicas que promuevan un pleno desarrollo.
“Con la Ley Crecer Juntos se le da vida a esta institución y estos fondos permitirán desplegar toda la protección a la niñez y a la adolescencia. El Estado tiene una visión humana y es por eso que está trabajando para proteger a las familias”, aseguró el parlamentario José Urbina.
Los principales beneficiarios de la puesta en funcionamiento de este instituto serán los niños y las niñas desde su gestación hasta cumplir los cuatros años de edad. Para ellos se ejecutarán programas de fortalecimiento familiar y se harán alianzas estratégicas que ayudarán a promover su crecimiento.
El 22 de junio de 2022, los diputados aprobaron la Ley Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, misma que entró en vigencia el 1 de enero del presente año y, de acuerdo a esta normativa, en el artículo 175 se establece la creación del ICJ.
Este instituto tendrá personalidad jurídica, patrimonio propio y tendrá autonomía en lo técnico financiero y administrativo referente en materia de primera infancia.
Autorizan fondos para edificio de la FGR
La Fiscalía General de la República (FGR) ha sido una institución de mucha importancia para combatir a los delincuentes y los actos de corrupción que han ocurrido a nivel nacional.
Por eso, 67 diputados aprobaron la emisión de Disposiciones Especiales y Transitorias de carácter tributario para el proyecto denominado “Construcción, Equipamiento y Modernización de las Oficinas Centrales de la Fiscalía General de la República (FGR)”.
“La Fiscalía es la institución encargada de promover el enjuiciamiento de penas para indiciados por el cometimiento de delitos y faltas, por eso hoy más que nunca necesita mejores infraestructuras y equipamiento, porque está vigente el régimen de excepción y así va a incrementar la capacidad operativa”, explicó la diputada Evelyn Merlos.
Actualmente, dicha institución no cuenta con un edificio que concentre a todas sus unidades en un mismo sector.
Es por eso que las disposiciones tienen como objeto establecer el marco regulatorio tributario especial que permita gestionar las adquisiciones de bienes y servicios para la realización del citado proyecto, que rondarían los $70 millones, los cuales que serían gestionados con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
La Fiscalía gozará de una exención en materia de IVA y de Derechos Arancelarios de Importación (DAI) a los contratistas, subcontratistas, a proveedores, consultores que tengan relación con este proyecto del edificio, debido a que actualmente cuenta con divisiones y con edificios en alquiler.
“La nueva Fiscalía, que asumió de forma valiente el compromiso de erradicar la impunidad y la justicia selectiva de este país. Actualmente, tenemos una tasa de eficiencia cerca del 80%, quiere decir que ocho de cada 10 casos terminan siendo procesados por la justicia y con ello se obtiene una condena sancionatoria”, manifestó la parlamentaria Rebeca Santos.
Operaciones de manejo de pasivos
Una tercera aprobación hecha por los parlamentarios tiene relación con el aval de la “Ley Especial que faculta la realización de operaciones de manejo de pasivos, por conversión de deuda de corto plazo, a deuda de mediano y largo plazo”.
La conversión de deuda a mediano o largo plazo, avalada por 63 diputados, la gestionará el Ministerio de Hacienda y esto conllevará a la obtención de recursos hasta por la suma de $1 000 millones, a través de la emisión de Títulos Valores de Crédito a ser colocados indistintamente en el mercado nacional regional o internacional.
Además, incluye la facultad para gestionar un crédito puente que sirva como herramienta para desarrollar esta operación, el mismo será cancelado en su totalidad cuando la emisión sea concretizada.
De acuerdo a los registros de Hacienda, el cierre del año 2022 la situación fiscal ha mejorado considerablemente, con balances primarios positivos por primera vez después de la pandemia, alrededor del 2 %, el déficit fiscal se redujo de -5.6 % a -2.7 % y la deuda ha tenido una disminución alrededor del 60.8 %.
El Gobierno ha avanzado en su estrategia de gestión de pasivos para seguir mejorando el estado de las finanzas públicas y contribuir al equilibrio fiscal del país.
Esta pericia he tenido resultados contundentes, como las compras anticipadas de eurobonos realizadas en 2022, mismas que generaron ahorros de casi $300 millones en amortizaciones e intereses.
“La solicitud he hecha por el Ministerio de Hacienda es hacer una conversión de la deuda que se tiene a corto plazo y hacer crédito de largo plazo, todo para darle un respiro a la caja financiera del Estado y con ello hacer un ahorro”, comentó el legislador Giovanny Zaldaña.
