La Comisión de Legislación estudia una iniciativa para reformar el Código Penal y penalizar hasta con 12 años de prisión a quienes engañen a la población con la venta ilegal de propiedades.
La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales estudia una iniciativa presentada por el Órgano Ejecutivo, a través de los ministerios de Seguridad y de Vivienda, que busca incorporar al Código Penal penas de entre 8 y 12 años de cárcel para quienes comercialicen lotificaciones de forma irregular, sin cumplir los requisitos legales y técnicos correspondientes.
Además, la propuesta contempla que cuando las lotificadoras no acaten la ley se les imponga entre 3 y 4 años de prisión, más una multa económica.
Los parlamentarios recibieron al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Rodolfo Delgado, quien aseguró que la institución ha recibido denuncias de estafas colectivas. Él añadió que esta problemática se debe a que este tema no fue prioridad para los gobiernos anteriores.
El fiscal general expresó: “es necesario que se aprueben las reformas que buscan castigar a aquellos malos empresarios que se dedican a la lotificación de inmuebles de forma ilícita y que han dejado a cientos de familias en situación de inseguridad jurídica con sus parcelas”.
Delgado reiteró que las reformas al marco legal permitirán hacer justicia a los afectados y les dará certeza jurídica sobre las propiedades en las que habitan.
“Con esto se pretende evitar que las lotificaciones en estado irregular se conviertan en algo atractivo para los delincuentes”, dijo el funcionario.
La diputada presidenta de la comisión, Marcela Pineda, expuso que el delito que se está contemplando en estos casos es el de estafa agravada y no importa si fue cometido 20 o 30 años atrás.
“Este (delito) se mantiene vigente y se tiene que hacerse justicia. Estamos escuchando a cientos de salvadoreños que no pueden ser dueños de la tierra donde habitan, debido a los engaños a los que fueron sometidos. Esto definitivamente debe acabar”, afirmó Pineda.
De ser efectuados los cambios en la normativa se resolverá un problema que, por décadas, ha afectado a cientos de familias, principalmente de las que residen en las zonas rurales de El Salvador.
El legislador Salvador Chacón, presidente de la Comisión de Obras Públicas quien acudió como invitado a la mesa de trabajo, manifestó que la bancada cyan se ha caracterizado por estudiar las problemáticas que, por años, fueron olvidadas por los gobiernos anteriores.
“En esta nueva Asamblea hemos venido luchando contra estas injusticias en el tema de irregularidades de lotificaciones. Esta serie de reformas es un trabajo coordinado para la defensa de los derechos de los salvadoreños”, sostuvo Chacón.
Los diputados continuarán el estudio de la iniciativa y acordaron invitar, en la próxima sesión de trabajo, a la Ministra de Vivienda, Michelle Sol, para que explique la situación de inseguridad jurídica a la que se enfrentan cientos de familias salvadoreñas.
