El personal interesado deberá presentar su petición de renuncia con clara voluntad de acogerse a la compensación hasta el último día hábil de noviembre de 2023.
Con 62 votos, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron una serie de disposiciones transitorias que otorgarán una compensación económica especial por retiro voluntario de empleados y funcionarios de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
Según lo expuesto en la sesión plenaria número 115, actualmente en dicha institución hay 133 adultos mayores y otras personas que desean retirarse. Con ello se le daría paso es a un cambio generacional de defensores y defensoras.
El decreto avalado por los parlamentarios tiene por objeto otorgar una compensación económica especial para empleados de la PDDH que renuncien voluntariamente y que hayan prestado sus servicios en cualquiera de las sedes o dependencias a nivel nacional, durante un periodo mínimo de dos años consecutivos.
Los interesados en aplicar deberán presentar su petición de renuncia con clara voluntad de acogerse a la compensación hasta el último día hábil de noviembre de 2023.
“Entre los requisitos que los interesados deberán presentar está un escrito y este debe de contener su renuncia al cargo que desempeña, expresar que desea acogerse a la compensación económica y manifestar estar de acuerdo con estas disposiciones transitorias”, explicó el legislador Caleb Navarro.
El artículo 4 establece que los funcionarios y empleados que se acojan al decreto tendrán derecho a una compensación económica equivalente a cuatro salarios mínimos del sector comercio y servicios por cada año de servicio prestado, hasta un máximo de $25 mil.
Podrán beneficiarse del presente decreto cualquier funcionario o empleado, sea jurídico, técnico o administrativo, que a la fecha de entrada en vigencia de las disposiciones hayan obtenido su pensión por vejez y aún se encuentren laborando en la PDDH.
“Seguiremos aprobando este tipo de medidas, porque como bancada cyan tenemos el propósito de que los empleados que ya cumplen su tiempo en diferentes instituciones y quieran retirarse, puedan hacerlo con una remuneración justa”, aseguró el diputado Navarro.
Contratación de obra pública
En otro tema, los parlamentarios también avalaron, con 66 votos, la ejecución de cambios a la Ley Especial para la Contratación de Obra Pública con Financiamiento Incluido, para hacer extensivos los beneficios de esta forma de contratación a todas las instituciones del Estado, así como para la adquisición de servicios esenciales.
La normativa tiene como objetivo establecer las regulaciones, exigencias y condiciones que tengan como propósito esencial estructuración, selección, adjudicación, contratación y ejecución de los proyectos de obras públicas en instituciones del Estado, que contenga como particularidad la inclusión del financiamiento para ejecutar el diseño, construcción y supervisión de las edificaciones.
